Voces del mundo rural alertan del engaño al que se somete al mundo urbano con la ley animalista
El presidente de Artemisan ha denunciado el engaño al que se está sometiendo al mundo urbano con el propósito de la ley animalista que pretende aprobar
Informa Fundación Artemisan | La ciencia y el mundo rural se han unido en la oposición a la tramitación de la ley animalista, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al haber sido elaborada sin seguir criterios técnicos ni científicos y al no haber contado para su redacción con los sectores afectados.
En un desayuno informativo celebrado en Madrid y organizado por Fundación Artemisan, científicos, profesionales veterinarios, ingenieros de montes e ingenieros agrónomos han mostrado su oposición a la tramitación de un proyecto ideológico que tendrá nefastas consecuencias para millones de personas e incluso para los propios animales que pretende proteger.
El presidente de Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, ha destacado el compromiso del mundo rural con el bienestar animal, pero ha criticado la falta de diálogo en la tramitación del proyecto y el uso de un procedimiento de urgencia con la intención de hurtar el derecho de participación a la sociedad.
Asimismo, ha denunciado el engaño al que se está sometiendo al mundo urbano con esta ley cuando se afirman que si el proyecto no se aprueba los animales quedarían desprotegidos. Algo rotundamente falso y que persigue acallar las voces de quienes defienden que la ley debe ser elaborada siguiendo criterios técnicos y científicos, y no ideológicos.
Falta de fundamento científico y técnico
Durante su intervención, Christian Gortázar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial en sanidad animal, ha criticado que la ley se haya elaborado solo desde las actitudes de afecto defendidas por el activismo animalista, sin contar con las de utilidad defendidas por ganaderos, cazadores y demás sectores defensores del uso de animales.
Asimismo, ha lamentado la falta de fundamento científico y técnico del proyecto de ley y que se priorice al individuo frente a la importancia de proteger a la especie y el ecosistema en general, destacando en este sentido como ejemplo la enorme pérdida de pool genético en la que derivará la obligación de castración.
Igualmente, ha destacado el problema que va a generar la ley por el fomento de colonias felinas cuando el impacto de los gatos sobre la biodiversidad es dramático, con decenas de miles de millones de animales silvestres depredados cada año en lo que constituye, a su juicio, un tremendo «sufrimiento animal colateral». En este sentido, ha recordado que la comida para gatos callejeros lleva a la proliferación de especies-plaga como ratas y jabalíes, extremos que han sido demostrados en numerosos estudios.
El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), exdirector de la Estación Biológica de Doñana, considerado como el último gran biólogo y naturalista en España, Javier Castroviejo, ha señalado que la ley que se pretende aprobar, en lugar de preservar los derechos de los animales, los está eliminando y ha cuestionado la incongruencia de cuestiones como el por qué el concepto de maltrato animal se limita a los animales vertebrados y no a otros como los himenópteros sociales o los cefalópodos.
Asimismo, ha recordado que el proyecto tiene en contra la opinión de la comunidad científica. Una comunidad, ha recordado, que trasladó su rechazo a la falta de rigor de la ley en una carta firmada por más de 800 investigadores que ha sido obviada por los promotores de la ley.
Una ley sin la participación de veterinarios
Por su parte, la consejera del Consejo General de Veterinarios de España, María Luisa Fernández, ha insistido en que la participación de los veterinarios es imprescindible en la elaboración de la ley, por sus conocimientos técnicos y científicos y porque son el eslabón más cercano a la ciudadanía y a sus mascotas.
De hecho, ha recordado que la ley no recoge la gran mayoría de las alegaciones presentadas de manera consensuada desde los colegios profesionales y ha criticado la exclusión de los veterinarios de los órganos responsables de aplicar la nueva Ley, así como la indefensión en la que quedarán los veterinarios al haber eliminado el criterio técnico profesional en la toma de decisiones en cuestiones tan importantes como la eutanasia.
Por su parte, Carlos del Álamo, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, ha señalado la gran ambigüedad de la ley y la grave inseguridad jurídica que se deriva de ella y ha mostrado su rechazo a la errónea terminología que utiliza, equiparando a los animales con las personas.
Además, ha señalado que la ley tiene entre sus objetivos prohibir o dificultar al máximo el desarrollo de actividades como la caza, que suponen un sustento y una herramienta clave para la conservación de la naturaleza y para evitar daños a la agricultura, bastante afectada ya por el abandono del campo y la crisis económica, así como para la prevención de accidentes de tráfico y otros riesgos como enfermedades.
Diferenciar entre animales de producción y mascotas
Finalmente, el representante de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, Carlos Estarán, ha recalcado la necesidad de que la ley diferencie entre animales de producción y mascotas, y ha insistido en que de ninguna manera se pide que los primeros queden desprotegidos, sino que es imprescindible que se legisle teniendo en cuenta su actividad y sus particularidades.
Además, durante su intervención ha denunciado los continuos ataques que está sufriendo la actividad agraria y el sector productivo en general y se ha preguntado cómo podrá afrontar el sector el gran reto de alimentar a 10.000 millones de personas en el año 2050 cuando se está poniendo en riesgo continuamente su supervivencia.