Una lluvia de millones en ayudas no convence a los agricultores para respaldar la ZEPA Mancha Norte

En declaraciones a Efe, el presidente de Bodegas Símbolo, José Manuel Díaz-Ropero, ha explicado que, en concreto, las tres cooperativas de Campo de Criptana (Ciudad Real) han presentado en la Consejería de Agricultura unas 1.200 alegaciones, mientras desde Asaja se ha pedido a los ayuntamientos afectados que recurran.

Otras setenta han sido tramitadas por vecinos del municipio a título individual, mientras que los agricultores de Lillo (Toledo) han presentado más de seiscientas.

Entre sus solicitudes, Díaz-Ropero ha expuesto que han propuesto a la Consejería de Agricultura que se reduzcan las hectáreas protegidas con esta figura, pues ha alertado de que en algunos municipios, el 70 por ciento del término municipal será zona ZEPA.

También esta es una de las propuestas del presidente de la Cooperativa “La Unidad” de Lillo, Alfonso Juárez, que ha detallado a Efe que hasta la Consejería de Agricultura, con sede en Toledo, se han desplazado los representantes de los consejos rectores de todas las cooperativas y de las asociaciones de agricultores de la Mancha Norte, que en total incluye trece municipios.

Entre estos municipios, además de Campo de Criptana y Lillo, también se encuentran Turleque, Tembleque, El Romeral, Villacañas, Horcajo de Santiago, Cabezamesada, Fuente de Pedro Naharro, Quero, Santa Cruz de la Zarza y Miguel Esteban, entre otros.

Juárez ha considerado que el borrador del plan de gestión de la ZEPA Mancha Norte «no puede salir tal y como está» y, sobre todo, ha mostrado su rechazo a que se limiten los cultivos leñosos en las parcelas afectadas, pues ha considerado que «el agricultor no puede subsistir con el cultivo del cereal y si se limita el leñoso, no habrá incorporación de jóvenes a la agricultura», pues ésta será inviable.

Por otro lado, ha reivindicado que en la actualidad «hay una población de avutardas muy grande, lo que significa que no se estarán haciendo las cosas tan mal». De este modo, ha pedido a la Consejería de Agricultura que «recapacite» y elabore otro borrador en el que estén de acuerdo todos los afectados, pues ha admitido que «el borrador hay que sacarlo».

Por su parte, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que la puesta en marcha de un Programa de Captación Voluntaria de Agricultores en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que les obligará a cumplir todos los requisitos medioambientales, estará dotado con 23 millones de euros.

En un comunicado de prensa, Martínez Arroyo ha salido al paso a las críticas de los agricultores incluidos en la ZEPA Mancha Norte y ha anunciado que el Gobierno regional pondrá a disposición de los agricultores ayudas específicas por estar incluidos en una zona protegida.

Para ello, ha adelantado que se va a poner en marcha un Programa de Captación Voluntaria de Agricultores, para llegar a 20.000 hectáreas con los que quieran acogerse a un compromiso obligatorio.

«Vamos a seleccionar un espacio de la ZEPA en el cual va a ser obligatorio cumplir una serie de compromisos, pero lo vamos a elegir con los agricultore», ha explicado el consejero, quien ha resaltado que este programa tendrá una ayuda de 23 millones de euros.

Así, ha resaltado que «los que no participen en el programa no van a tener que cumplir ninguna obligación con los requisitos medioambientales», si bien ha alertado que, de cara a futuro, si se realizan inversiones en las parcelas, éstas deberán contar con el informe de impacto medioambiental correspondiente, de forma que el Gobierno regional «no autorizará ninguna modificación que requiera informe medioambiental sin exigir dicho informe».

Asimismo, ha aseverado que este tipo de programas ya ha comenzado a través de un proyecto medioambiental con la Fundación Global Nature en la que los agricultores participantes, en este caso, en los Humedales de La Mancha, aumentan la rentabilidad de sus explotaciones por estar en zona protegida.

De todos modos, Martínez Arroyo ha explicado que los ocho planes de gestión de las ZEPA, que actualmente están en tramitación, afectan al 4 por ciento de la tierra de los agricultores de Castilla-La Mancha, es decir, son 200.000 hectáreas sobre una superficie de 4,5 millones de hectáreas.

Aún así, ha resaltado que el Gobierno regional quiere dar respuesta a este asunto para que «los agricultores no vean los planes de gestión como un problema sino, todo lo contrario, un futuro de rentabilidad para sus explotaciones».

Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha presentará alegaciones al Plan de Gestión de las ZEPA al entender que es compatible proteger a las aves y compensar adecuadamente a los agricultores.

Cooperativas ha asumido que hay que compatibilizar la producción agraria con la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, pero también que, en el debate sobre las Zonas ZEPA, «es preciso realizar un mayor esfuerzo de información, difusión y compensación de pérdidas que el realizado hasta ahora a los agricultores afectados por las limitaciones de la producción» en esas zonas.

En un comunicado, la asociación cooperativa ha subrayado que los socios y representantes afectados por esta normativa no ven «lógico» en muchos de los casos «los criterios para declarar ciertas zonas como ZEPA, ni geográficamente, ni por que estén aseguradas la existencia de colonias de aves suficientemente numerosas, en las zonas definidas».

Así, ha considerado que «es necesario explicar más claramente y en profundidad» los criterios técnicos empleados en la delimitación de las zonas a los propios afectados, «revisando y modificando aquellos que no estén contrastados técnica y científicamente».

Ha apreciado que «los tendidos eléctricos e infraestructuras desarrolladas por la administración (vallas de altura) para proteger ciertos valores naturales, como las lagunas, causan más problemas y peligros a las aves que las estructuras de los propios viñedos».

Aunque ha creído que «es necesaria» la protección de ciertas aves no ha compartido que «los costes derivados de esta conservación se sufraguen en su mayor parte por los agricultores que tienen sus explotaciones en esos lugares, en la mayoría de los casos dueños desde mucho antes de que estas zonas fueran declaradas como ZEPA».

Cooperativas ha opinado que «lo razonable es que una vez acotadas las zonas y definidas las medidas de limitación de usos, en ambos casos de manera realista y con criterios técnicos, contrastados y compartidos, se establezcan las compensaciones económicas a los agricultores, estudiando detalladamente las pérdidas ocasionadas y dotándose proporcionalmente los presupuestos necesarios y suficientes».

Informa agroinformacion.com