Un funcionario gallego expedía licencias de caza ilegales a cambio de dinero
Un funcionario de la Junta de Galicia ha reconocido que cometió delitos de falsedad documental y de estafa al emitir licencias de caza ilegales a cambio de dinero. El imputado a sido condenado a dos años de cárcel, a la inhabilitación durante cuatro años y ocho meses y al pago de una multa de 1.800 euros. Los hechos delictivos ocurrieron entre 2010 y 2012, cuando el acusado cobraba a los afectados entre 15 y 450 euros por entregarles licencias de caza falsas sin informarles del procedimiento correcto para su obtención. Otros tres procesados por el mismo caso deberán pagar 9.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Un funcionario del edificio administrativo de la Junta gallega en Monelos, en colaboración con otras tres personas -la dueña de una armería de Melide, el socio de una asesoría de Santa Comba y un cuarto procesado que compartía beneficios económicos-, reconoció que se embolsaba dinero a cambio de emitir licencias de caza ilegales entre los años 2010 y 2012. El imputado se declaró ayer culpable ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de un delito de falsedad documental y de otro de estafa, por los que aceptó ser condenado a dos años de cárcel, al pago de una multa de 1.800 euros y a la inhabilitación para el ejercicio como funcionario de carrera o interino y como personal laboral de funciones de tramitación administrativa durante cuatro años y ocho meses.
Los otros tres sospechosos también reconocieron los hechos y se mostraron conformes con ser sentenciados por un delito de falsedad documental y otro de estafa a 13 meses de cárcel. Ninguno de los cuatro condenados por obtener beneficios económicos a cambio de la tramitación de licencias de caza ilegales ingresará en prisión porque carecen de antecedentes penales y los castigos no superan los dos años de cárcel. Los abogados de los investigados llegaron a un acuerdo antes del juicio con el fiscal, por lo que la vista se suspendió y el tribunal dictó sentencia oral en la sala. Contra el fallo no cabe recurso porque fue dictado bajo la conformidad de todas las partes implicadas.
Las cantidades que cobraban a los afectados oscilaban entre 15 y 450 euros. Los perjudicados que pagaron más fueron los que tramitaron conjuntamente las licencias de caza y las de armas. En la causa se personaron más de 70 víctimas, quienes reclamaron ser indemnizadas por los condenados. Los procesados deberán pagar 9.000 euros en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a las indemnizaciones.
El funcionario, en lugar de informar a los ciudadanos del procedimiento reglamentario para obtener los permisos, les exigía la entrega de diversas cantidades de dinero que después incorporaba a su patrimonio. El acusado admitió que tras recibir el efectivo facilitaba a los solicitantes el documento acreditativo de la licencia sin exigirles la inscripción ni la superación de las pruebas de aptitud requeridas por la Junta. Las personas que obtuvieron los permisos de esta forma ignoraban el procedimiento que debían seguir y confiaron en que el funcionario emitía los documentos conforme a la ley. El imputado, después de cesar en 2012, llegó a acceder fuera de horario de oficina en varias ocasiones a los despachos de la delegación de la Junta en Monelos para, utilizando las contraseñas que conocía, expedir tarjetas que aparentaban la concesión de licencias de caza sin realizar los actos administrativos correspondientes.
La titular de una armería de Melide, el socio de una asesoría de Santa Comba y un cuarto procesado que compartía beneficios económicos por la expedición de licencias colaboraban con el funcionario, a quien le derivaban demandantes de permisos. La Consejería de Medio Ambiente inició un procedimiento de revisión de todas las licencias cuyas tarjetas fueron intervenidas en el proceso judicial.
Informa Tania Suárez para laopiniondecoruna.es