Tres detenidos y dos investigados por envenenar tres águilas imperiales y dos milanos reales
El adulto de águila imperial y dos pollos fueron envenenados en Cáceres con un insecticida de alta toxicidad que está prohibido en España desde 2003.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras dos como supuestas autoras de un delito de contra la fauna, por el envenenamiento de tres águilas imperiales ibéricas y dos milanos reales, ambas especies en peligro de extinción, mediante la utilización de compuestos «muy tóxicos».
La primera de las actuaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se llevó a cabo tras el hallazgo del cadáver de un ejemplar adulto de águila imperial ibérica, en una finca situada en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), en el entorno de la sierra de San Pedro, dentro del término municipal de Cáceres.
Tras la inspección realizada en la zona por la agentes, se encontró un nido con los cadáveres de dos crías de la misma especie, ha informado hoy la Guardia Civil.
Ante las sospechas de un posible envenenamiento, la Guardia Civil activó el Programa antídoto de lucha contra el uso ilegal de venenos y trasladó los cadáveres de las aves, así como otros restos, al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sierra de Fuentes (Cáceres).
Tras varios exámenes de la especies, en el centro detectaron la presencia de un potente compuesto tóxico en los tres ejemplares de águila imperial ibérica, y que se había utilizado una paloma doméstica como cebo envenenado.
Para localizar al autor/es de los hechos, los agentes usaron los perros de la Guardia Civil especializados en la detección de cebos envenenados.
Así, en una de las infraestructuras de una explotación ganadera próxima encontraron 80 artes prohibidas de caza (cepos de grandes proporciones, trampas…), así como dos envases con un granulado que, por sus características, podría tratarse del compuesto detectado en los análisis toxicológicos.
Finalmente, correspondió con el muy tóxico pesticida que provocó la muerte de las tres águilas imperiales.
Finalizada la investigación, la Guardia Civil procedió el pasado día 3 de mayo a la intervención de las artes de caza prohibidas localizadas, así como a la detención del representante legal de la explotación, un guarda y un empleado de la finca, como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna.
La tarde de ese día, además, los agentes del Seprona de Trujillo (Cáceres) resolvieron otro caso grave de envenenamiento de especies protegidas, concretamente dos milanos reales, cuyos cadáveres aparecieron en una explotación situada en este término municipal.
La investigación se centró sobre dos empleados de la finca como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna.
Al igual que en el caso anterior, y tras una inspección realizada por la Guardia Civil en las instalaciones de la finca, fueron localizadas artes de caza prohibidas (cepos), así como un envase conteniendo un granulado.
Tras su análisis, se pudo comprobar que se trataba de un insecticida de alta toxicidad, prohibido en España desde el año 2003, y que fue el utilizado para el envenenamiento de los dos milanos reales.
Las motivaciones del envenenamiento de las aves pudiera guardar estrecha relación con intereses de índole ganaderos, según la Guardia Civil, dado que es la actividad principal de las dos explotaciones donde fueron hallados los venenos.
Según información facilitada por los responsables del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, el coste de reposición o valor económico de los tres ejemplares de águila imperial ibérica podría ascender a los 195.000 euros.
Un hecho agravado por haberse cometido en un espacio natural protegido.
En cuanto a los dos milanos reales, igualmente en peligro de extinción, su valor es de 24.000 euros.
Todas las actuaciones practicadas por la Guardia Civil fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción competente y en la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.
Informa elperiodicoextremadura.com