Todas las fincas de Cabañeros piden al Estado que se les indemnice por no poder cazar en ellas
Los titulares de estos terrenos han presentado un expediente de responsabilidad patrimonial al MITECO
Informa Redacción | Tras pasar ya un año desde la entrada en vigor de la prohibición de la actividad cinegética en los parques nacionales, la totalidad de las fincas privadas enclavadas en el de Cabañeros han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) una responsabilidad patrimonial «por la privación de los derechos de caza» de los que eran titulares, así como «por otros derechos detenidos» por ser «incompatibles» con la existencia del Parque Nacional.
Valoración de pérdidas
La indemnización ha sido solicitada por la práctica totalidad de los propietarios afectados, que son titulares de más de 16.000 hectáreas situadas en el Parque Nacional, formado por 40.900 hectáreas de superficie.
Cada finca ha elaborado una valoración de pérdidas ocasionadas por el cese de la caza, para pedir la correspondiente compensación económica como indemnización por los daños y lesiones que han sufrido sus bienes ante la pérdida de la actividad cinegética.
Ni indemninaciones ni control de sobrepoblaciones
La Ley de Parques Nacionales de 2014 habilitó un plazo de seis años para llegar a acuerdos indemnizatorios con los propietarios (que se valoraron en sede parlamentaria en 300 millones de euros).
En estos seis años el Organismo Autónomo Parques Nacionales (dependiente del MITECO) «no ha hecho absolutamente nada para dar cumplimiento al mandato legal de indemnización», ha señalado la Plataforma de Afectados por Parques Nacionales.
También se iniciaron conversaciones para realizar el control poblacional de los ciervos en Cabañeros, diseñándose un borrador cuya tramitaciónel Gobierno regional se comprometió a acelerar, «pero desde octubre no tenemos noticias y el documento ni siquiera se ha presentado a información pública, por lo que todo está paralizado y se va a perder una temporada entera de caza para poder hacer estos controles tan necesarios», denuncian los afectados.
Pérdidas de empleo y aumento de despoblación en la zona de Cabañeros
La anterior Ley de Parques Nacionales ya dispuso de un plazo de diez años, que debía acabar en 2017, para alcanzar los acuerdos, «lo que significa que en 14 años las Administraciones han omitido el cumplimiento de sus obligaciones legales para indemnizar a los propietarios», añade la Plataforma.
Reclaman una indemnización «por verse privados del principal recurso» que les permitía mantener sus fincas, el propio Parque Nacional y una buena parte de empleos y economía de la zona, que hasta la fecha dependía en gran medida de las actividades cinegéticas, e incluso ayuntamientos como Horcajo de los Montes o Navas de Estena, con terrenos en el Parque, la prohibición de la actividad les supone una pérdida directa de ingresos a las arcas municipales al no poder arrendar la caza.
Artemisan considera que el PRUG del P. N. de Cabañeros causaría graves daños a fincas y municipios
