Ribera vuelve a atacar al sector cinegético excluyéndole adrede de las ayudas para energías renovables
Es la única actividad económica excluida expresamente de estas ayudas ministeriales para energías renovables
Artemisan emprenderá acciones legales «contra este nuevo ataque frontal» del Ministerio para la Transición Ecológica hacia el sector de la caza
Informa FA | El Real Decreto 477/2021 (ver aquí) que regula la concesión directa de ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energías renovables, ha dejado fuera «única y exclusivamente» a las actividades relacionadas con la caza, una exclusión deliberada considerada como «inadmisible» por la Fundación Artemisan.
El documento firmado por Teresa Ribera y que está enmarcado en el Plan de Recuperación para Europa tras la pandemia causada por la Covid-19, señala en su artículo 11.4. que podrán beneficiarse las personas jurídicas que realicen una actividad económica entre otros, dentro de un CNAE correspondiente al grupo A01 «excepto el 017», correspondiente a la caza, captura de animales y servicios relacionados.
Excluida sin justificación de las ayudas para energías renovables
Dentro del grupo A01 se encuentran las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y explotación forestal o la pesca y acuicultura (todas ellas incluidas como beneficiarias de las ayudas para energías renovables), además de la caza, que queda excluida sin ningún tipo de justificación, lo que supone una clara discriminación.
Para Fundación Artemisan es «inaudito» que desde un ministerio se ataque «de manera tan clara y frontal» a un sector que genera más de 6.475 millones de euros de Producto Interior Bruto, crea más de 187.000 puestos de trabajo y que sufrió pérdidas generalizadas durante la pandemia, con descensos en la actividad que llegaron «hasta el 95 % en el caso de empresas de organización cinegética».
Una decisión «discriminatoria»
La entidad está estudiando emprender las acciones legales contra «esta decisión discriminatoria que carece de cualquier tipo de explicación y que supone una nueva afrenta contra una actividad que no solo es legal, sino que, además, es necesaria y que contribuye a la sostenibilidad, a la economía, al medioambiente y al mantenimiento del mundo rural y de la España Vaciada».
Artemisan considera que se trata de «una nueva decisión sectaria que traspasa todos los límites admisibles» e insta al Gobierno a «poner freno a la deriva radical e ideológica de un ministerio cuyo único fin parece ser prohibir la caza y el modo de vida de cientos de miles de personas».
