Prisión y casi 5.000 euros por acusar falsamente a dos agentes del Seprona
La jueza no creyó la versión de los acusados, que justificaron llevar un rifle en el coche para mostrarlo para su venta en un supuesto negocio «imaginario».
El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz ha condenado a un año de prisión a dos personas después de quedar probado que en el año 2013 presentaron una denuncia falsa contra dos agentes del Seprona que tres meses antes habían formulado contra ellos una denuncia administrativa por caza ilegal, una infracción por la que ambos fueron condenados a pagar una multa de 10.000 euros.
Este largo procedimiento penal se puso en marcha después de que los ahora condenados denunciaran ante el Juzgado de Instrucción de Jerez de los Caballeros que esos dos agentes de la Guardia Civil no obraron correctamente cuando los denunciaron porque su verdadera intención no era abatir piezas de caza mayor sino acudir a una gasolinera cercana en la que se habían citado con una persona que pretendía comprarles el rifle que transportaban en el coche.
Esa supuesta venta iba a realizarse el 16 de agosto de 2013 en la gasolinera de Encinasola pero finalmente no llegó a producirse, según argumentaron los dos hombres en el juicio, porque al comprador le surgió un problema familiar urgente.
Sin embargo, la jueza no creyó estas explicaciones y consideró que ese supuesto negocio sólo era «imaginario» y tenía como único objetivo convertirse en un argumento de peso para eludir la multa impuesta. «Resulta muy curioso que al comprador nunca le volviese a interesar ningún otro material de caza».
Uno de los agentes del Seprona dijo en el juicio que el vehículo fue parado en el ‘cruce de matacaballos’, entre Jerez de los Caballeros y Encinasola. También indicó que en el momento de ser detenidos los acusados les dijeron que regresaban de cazar jabalíes en el coto de Balandrón, para el que no tenían autorización. Esa finca se encuentra a unos cinco kilómetros de ese cruce.
En la inspección del vehículo no hallaron piezas de caza pero sí observaron que el conductor llevaba ocho cartuchos de rifle que coincidían con el calibre del arma de caza mayor que transportaban, un rifle con telescopio y silenciador. También llevaban navajas, ropa de caza, dos equipos de transmisión al alcance de la mano y un silenciador que permanecía oculto bajo la alfombrilla del asiento del conductor. «No deja de llamar la atención que si no venían de cazar viajaran con tanto material de caza», se puede leer en la sentencia.
Tras escuchar sus explicaciones, la jueza llegó a la conclusión de que los agentes, representados en este caso por el abogado Segundo Berjano, trasladaron al boletín de denuncias hechos objetivos, por lo que en ningún momento pueden ser acusados de denuncia falsa.
Para apoyar esta conclusión, la sentencia indica que los dos acusados reconocieron que «a la vista del material que portaban en el vehículo había indicios más que suficiente para que la Guardia Civil pensara que venían de cazar».
Igualmente señala que los hechos falsamente imputados a los agentes tenían como único objetivo defender a los cazadores de la sanción que les impulso la Junta de Extremadura tras considerar probado que habían cometido una infracción a la Ley de Caza.
De hecho, la denuncia contra los guardias fue presentada el 25 de noviembre de 2013, tres meses después de que los agentes dieran el alto a ese vehículo. En esa fecha, los acusados ya habían sido informados de la sanción de 10.000 euros que les habían impuesto.
Uno de los acusados incluso dijo en el juicio que presentaron esa denuncia porque «pensaron que denunciar a la Guardia Civil era la única manera de defenderse de la sanción por cazar».
Ante esa afirmación, la jueza explica en el fallo que si el objetivo de los dos hombres era defenderse de la acusación realizada por los agentes, deberían haber defendido sus argumentos por vía administrativa y, en el caso de que no fuesen atendidas sus pretensiones, recurrir a la vía judicial contencioso-administrativa, pero no a la jurisdicción penal presentando una denuncia falsa. «Una sanción por infracción de la Ley de Caza posee sus propios canales legales para combatirla si se estima injusta o inadecuada, pero no la utilización torticera de la administración de justicia».
Por todos estos motivos el juzgado considera que Ángel C. G. y Manuel M. R. son responsables de un delito de denuncia falsa para el que impone un año de prisión y el pago de una multa de 4.500 euros (a razón de 10 euros diarios durante un plazo de quince meses).
Informa Evaristo Fdez. de Vega para hoy.es