Podemos Andalucía propone prohibir la caza para el control de daños y poblaciones
El texto legal facilitaría la prohibición del control de daños con arma de fuego sobre especies silvestres, sin excluir las cinegéticas.
La Ley de Protección Animal presentada por Podemos Andalucía sale a debate el próximo jueves día 4 de julio.
Informa FAC | La Ley de Protección Animal propuesta por Podemos Andalucía, y que se debate el próximo jueves 4 de julio en el Parlamento Andaluz, propone prohibir la caza como herramienta para el control de daños, poblaciones o enfermedades en la fauna silvestre.
El análisis técnico y jurídico realizado por la Federación Andaluza de Caza desprende que el texto legal presentado por la formación morada facilitaría la prohibición de la caza como herramienta de gestión poblacional en casos de daños a la agricultura o enfermedades al contemplar la prohibición de actividades de control con arma de fuego sobre especies silvestres, sin distinción entre cinegéticas o no, englobándolos a todos en la categoría de «silvestres».
La aplicación de este texto legal, en caso de que sea aprobado en el Parlamento Andaluz, supondría que la caza deje de funcionar, por ejemplo, como método de control ante la creciente expansión del cerdo asilvestrado, una especie que no sólo representa una amenaza para el jabalí silvestre, sino que produce importantes daños en la agricultura, numerosos accidentes de tráfico y eleva el riesgo sanitario en la cabaña de porcino y, por consiguiente, puede representar un problema de salud pública.
Asimismo, la caza se prohibiría como herramienta para controlar los daños que en determinadas zonas de Andalucía provocan las poblaciones de ungulados o conejos a la agricultura y que suponen cuantiosas pérdidas que, en este caso, deberían compensarse con recursos públicos.
La Federación Andaluza de Caza denuncia que la prohibición de la actividad cinegética como herramienta de gestión medioambiental, además de una irresponsabilidad, responde únicamente al interés de grupos ecologistas y animalistas por perjudicar a la caza social, cuya prohibición no evitaría que empresas profesionales asumieran, contando con recursos públicos, una labor que es insustituible y que hoy por hoy realizan las sociedades de cazadores aportando, además, riqueza a su entorno.