Piden permitir la caza en los PP. NN. para unos municipios en peligro de extinción
La Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza señalan que la prohibición de la caza contradice la propia Ley de Parques Nacionales.
Informan Fedexcaza y Artemisan | La Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza consideran imprescindible que se acometa de manera urgente una modificación de la actual Ley de Parques Nacionales, de forma que se permita la actividad cinegética en estos espacios.
En este sentido, un informe de las universidades de Extremadura y Castilla–La Mancha presentado hoy mismo en Cáceres y en Ciudad Real revela que en la última década los municipios del entorno de los Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros han perdido población, renta y empleo, lo que hace imprescindible abrir un debate sobre el desarrollo de actividades tradicionales en los Parques Nacionales.
En caso contrario, avisan desde Artemisan y Fedexcaza, se pondrá en peligro el futuro socioeconómico de estos municipios, al tiempo que podría incluso peligrar la propia conservación de los Parques Nacionales por los efectos medioambientales de la densidad creciente de especies silvestres.
En concreto, los 14 municipios del entorno del Parque Nacional de Monfragüe (declarado como tal en 2007) han perdido un 2% de su población en los últimos 10 años, a lo que se suma el descenso de la renta familiar disponible en todos los pueblos de la zona y un aumento del 82% del número de parados. En todos los casos, la evolución de estas estadísticas es peor a la registrada en el conjunto de la provincia.
Si hablamos de Cabañeros, su zona de influencia está formada por 6 municipios que desde la declaración de Parque Nacional (en 1995) han perdido casi un 19% de la población, mientras que el paro ha aumentado más de un 40% en la última década.
El informe de las universidades de Castilla-La Mancha y Extremadura destaca que “la declaración de Monfragüe y Cabañeros como Parques Nacionales fue un hito en sus respectivas comunidades autónomas en cuanto a conservación de la naturaleza en general y del monte mediterráneo en particular, por los altos valores naturales que los justifican y representan en ambos casos. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo del territorio y tras el análisis de los datos sociodemográficos antes expuestos, se detectan problemas estructurales de gran entidad que no parecen haber disminuido con la declaración y gestión de ambos espacios protegidos”.
A pesar de esta situación, la Ley de Parques Nacional contempla la prohibición de la caza en todos los espacios de España acogidos a esta figura, a pesar de que en casos como los analizados se trata de una práctica tradicional, generadora de empleo y de riqueza y que ayudaría a la fijación de población. Así, en la última década la normativa sólo contempla acciones de control poblacional llevados a cabo desde el sector cinegético, algo que la propia ley prevé suprimir a partir de 2020, de forma que sería la propia Administración la que tendría que asumir (y costear) estas acciones.
De esta manera, al gran impacto socioeconómico que ya están sufriendo estas zonas se suma el daño medioambiental generado por la excesiva densidad de especies silvestres como el ciervo y el jabalí, que sigue incrementándose de manera exponencial a pesar de estos controles, tal y como reconocen los informes de las propias administraciones.
Además, la Fundación Artemisan y la Federación Extremeña de Caza señalan que la prohibición de la caza –vista la situación de las zonas incluidas en los parques nacionales- contradice la propia Ley de Parques Nacionales, que en su artículo 5 incluye como objetivo “el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio”.
Ante esta situación, ambas entidades reclaman al Gobierno central que de un paso al frente y que sea valiente para afrontar una situación crítica en la que estas zonas se enfrentan a la amenaza de la despoblación rural a pesar de tener capacidad para desarrollar riqueza a través de actividades tradicionales como la caza.
“¿No es tan importante la protección de las personas de un territorio como la de sus recursos naturales? ¿Queremos Parques Nacionales habitados y con fauna y flora silvestre o sólo con flora y fauna silvestre? Porque ése es el dilema real al que nos enfrentamos”, han señalado Artemisan y Fedexcaza.
De momento este informe de las universidades, junto a sus conclusiones, ya ha sido presentado en el Congreso de los Diputados, y en las próximas semanas será trasladado también a los parlamentos y administraciones regionales de Extremadura y Castilla-La Mancha, dado que, aunque se trata de una norma nacional, la gestión de los parques nacionales corresponde a las comunidades autónomas.