Piden más de 2 años de prisión, 5 sin poder cazar y 90.000 de multa por envenenamiento
Inmaduro de águila imperial encontrado envenenado en Reina en 2016 / Guardia Civil
Los hechos sucedieron en 2016, cuando un águila imperial con localizador fue descubierta en una finca en la que se encontraron otros animales envenenados y el tóxico empleado.
El acusado ha admitido tener en la finca el producto tóxico pero no reconoce haberlo utilizado ni haber envenenado al ave, por lo que su defensa pide la absolución.
El juicio seguido ayer contra un ganadero y empresario cinegético acusado de un delito contra la fauna por envenenamiento de un águila imperial, hallada en una finca de Reina, quedó visto para sentencia tras elevar sus conclusiones provisionales la Fiscalía, la acusación y la defensa a definitivas, según confirmaron fuentes de WWF, que hace de acusación particular.
Los hechos se descubrieron en marzo de 2016 y se inició la investigación por la localización del emisor de seguimiento que llevaba el águila imperial hallada muerta, una especie de rapaz en peligro de extinción. Ante las sospechas de que estuviera envenenado, intervino la Unidad Canina especializada en detección de venenos de la Guardia Civil, con el Seprona, agentes el Medio Natural de Extremadura y técnicos de Medio Ambiente que realizaban el seguimiento del ave.
En la inspección de las naves de la finca del acusado, muy próxima al lugar en el que se halló el águila, «con antecedentes de envenenamientos de fauna», según WWF, los agentes hallaron una sustancia habitualmente utilizada por los envenenadores de animales y una jeringuilla impregnada de la misma, así como artes prohibidas de caza. En la misma finca se hallaron otros ejemplares envenenados como un milano negro y un zorro.
Los análisis del ejemplar revelaron que había muerto envenenado con el mismo tóxico hallado en las naves.
En el año 2013, la Unidad canina de la Guardia Civil ya había encontrado en la finca un águila real envenenada con idéntica sustancia.
El acusado admitió tener el producto tóxico pero no su utilización y negó haber envenenado al ave, según la acusación. La defensa solicitó la absolución; la Fiscalía y la acusación, 2 años y 6 meses de prisión, 5 de inhabilitación para el ejercicio de la caza y el pago de 90.000 euros.
Valoración
Carlos Cano, experto de WWF en la lucha contra el veneno, indicó que en esta organización «vemos relevante que las sentencias sean ejemplarizantes para los envenenamientos de fauna. Poner veneno en el campo no solo es un atentado contra la biodiversidad, sino que es un delito que acarrea serias penas de cárcel».
Y señaló que «la lucha contra el veneno es una prioridad de WWF porque representa una de las principales amenazas para muchas especies protegidas. Se calcula que los cebos envenenados habrían matado a 185.000 animales en España en el período 1992-2013, entre aves y mamíferos, muchos de ellos especies amenazadas.
Informa elperiodicoextremadura.com