Malestar entre los cazadores por la nueva normativa para analizar a la caza mayor
Desde el pasado día 1 de Octubre entró en vigor una nueva normativa, aprobada allá por el año 2004, que obliga a un cambio en el método para determinar la presencia de “Triquinosis” en los jabalíes abatidos.
Hasta ahora los veterinarios usaban el “Triquiniscopio” y analizaban las muestras que le aportaban los propios cazadores, que eran quienes las extraían de los animales capturados, con un coste medio de unos 10 € por jabalí analizado.
Todo apunta a que con la entrada en vigor de la nueva normativa, que supuestamente garantiza una mayor seguridad a la hora de detectar la “triquina” deben ser los propios veterinarios quienes obtengan las muestras, se encarguen de su custodia en recipientes especiales y de su posterior análisis.
Este cambio legislativo que obedece a cuestiones sanitarias y directrices europeas, levantó cierto malestar entre el colectivo cinegético, especialmente entre las cuadrillas de caza mayor, pues todo apunta que el incremento económico que se prevé rondará el 200% sobre el precio que tiene el análisis en la actualidad. Hay que tener en cuenta que en Galicia se abaten más de 15.000 jabalíes cada temporada de caza.
El colectivo cinegético es el primer interesado en que se garantice el perfecto estado sanitario de las piezas abatidas, dado que un alto porcentaje de ellas van destinadas al autoconsumo entre cazadores, sus familiares o el entorno social más próximo.
Las cuadrillas de caza mayor ven inviable económicamente afrontar los gastos que acarreara la nueva tasa, barajando ya varias posibilidades a la hora de buscar un destino para las piezas abatidas.
La nueva herramienta, de uso obligatorio para las analíticas se denomina “digestor” y tiene un elevado coste, que inicialmente deben afrontar los veterinarios para poder realizar con garantías sanitarias el análisis de las diversas partes del jabalí y así poder determinar con más rigor, si es “apto” para el consumo humano.
El colectivo cinegético, desconfía del impacto que provocará en el aspecto económico la aplicación de la norma, pues supondrá una nueva “carga económica” para el colectivo de cazadores, eminentemente social y que no obtiene ninguna renta por las piezas abatidas. Dada la gran cantidad de jabalíes abatidos, la nueva tasa haría en muchos caso inviable económicamente que se pueda afrontar el coste que supondrán las nuevas analíticas.
Ante la entrada en vigor de la nueva norma, desde la Mesa Gallega por la Caza van ha instar a la administración, veterinarios y cazadores a establecer un diálogo en aras de minimizar en la medida de las posibilidades el impacto económico y social de la nueva norma.
Informa: Mesa Gallega por la Caza