Los gestores de cotos y propietarios de fincas están en el punto de mira sancionador de la Junta de Andalucía
El abogado Antonio Domínguez habla del nuevo Reglamento de Caza de Andalucía / Álvaro Carmona
El abogado Antonio Domínguez entiende que hay una «postura» de la Administración andaluza que intenta responsabilizar de «absolutamnete todo» a los propietarios de fincas o gestores de caza.
El abogado Antonio Domínguez tiene dos grandes pasiones: El Derecho, que es su medio de vida; y la caza, sin la cual no podría vivir. Por lo tanto, es una de las personas más cualificadas para hacer una análisis de los recientes cambios normativos en el sector, como ha sido la aprobación en 2017 del nuevo Reglamento de la Caza de Andalucía.
A su juicio, esta nueva norma no acaba con la inseguridad jurírida a la que se enfrentan los aficionados a la caza. «El nuevo reglamento presenta unos matices que pueden ser incómodos», señala.
Añade que la situación normativa cinegética en Andalucía no se puede abordar sólo desde el punto de vista del reglamento de caza, sino que «hay que partir de una norma superior, que es la Ley de Flora y Fauna, que marca las directrices básicas y que ha sido desarrollada a través de reglamentos». En su opinión, esta ley «se ha quedado obsoleta y anticuada».
Sanciones
Pero hay algo que como profesional del Derecho no entiende, y son las lagunas del régimen sancionador. «Existe una postura de la Administración autonómica, que es la que tiene las competencias de regular la caza, de intentar que el titular de la finca o del aprovechamiento cinegético sean responsables de absolutamente todo lo que ocurra».
Y pone un ejemplo. Si en un aprovechamiento cinegético de un municipio, que gestiona una sociedad de cazadores de 150 socios, que abarca 3.000 hectáreas, y que cuenta con 250 propietarios de fincas que las aportan para poder cazar, «si un desaprensivo utiliza un veneno en algún punto de esas 3.000 hectáreas, el expediente sancionador solo se abre a la sociedad de cazadores». En este sentido señala que «la situación es de locura, y todo porque ni la propia ley ni el reglamento se encargan de dejar concretados cuáles son los sujetos a los que hay que derivar esa responsabilidad».
Informa D. Jurado para abc.es