Las 7 mentiras ecologistas que desmiente la Oficina Nacional de la Caza
La Oficina Nacional de la Caza responde a Ecologistas en Acción tras acusar a los cazadores con 7 afirmaciones sin contrastar y sin justificación alguna. Además, el organismo que representa a una parte muy considerable de cazadores en España ha trasladado el «panfleto» a sus servicios jurídicos para tomar posibles acciones legales contra la ONG. Reproducimos íntegro el documento emitido por la ONC al respecto, que va respondiendo a cada una de las afirmaciones hechas por la organización ecologista.
La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) quiere hacer constar su extraordinaria sorpresa ante el eco y la credibilidad que ha tenido un supuesto informe de Ecologistas en Acción sobre la actividad de la caza en España que podría denominarse «las siete mentiras ecologistas que no por repetidas llegarán a ser verdad». Dicho panfleto, harto indocumentado y según informa la ONC, parte de premisas falsas, sesgo ideológico, adolece de apriorismos, estando marcado por una palmaria simpleza metodológica sin base técnica ni científica. Nos hayamos pues ante vagas opiniones de un grupo extractivo de los recursos públicos de todos los ciudadanos de bien para cubrir sus exclusivos intereses a través, en este caso sí, de su pericia en la consecución de subvenciones.
La ONC ha trasladado el panfleto a sus servicios jurídicos para que analicen, en su caso, posibles acciones legales.
Asimismo, aclaran que lo que se ha trasladado a los medios como «siete verdades sobre el impacto de la caza en España» son, en realidad, siete mentiras indocumentadas lanzadas desde un movimiento financiado, en su mayor parte, a través del dinero de los ciudadanos trabajadores de nuestro país, incluidos, paradójicamente, aquellos ligados al campo y medio rural a los que menosprecian. En efecto, Ecologistas o… «Subvencionados en Acción», como ya son conocidos en los mentideros de muchas administraciones, siguen emborrachados de demagogia animalista de tal suerte que cualquier actividad que no sea de su particular gusto, aunque sea perfectamente legítima, debe ser eliminada.
Ahora pasamos a desmontar sus sesgados argumentos sobre la caza:
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“Consiste en matar animales por diversión o por negocio”
Empezamos por la primera contradicción en la que incurre el propio documento. En un primer momento dicho panfleto admite que no existen datos oficiales completos ni fiables sobre el volumen de dinero que genera el sector cinegético para luego tomarlos como referencia. Asimismo, llega a aseverar que el mundo de la caza está conformado por «un reducido número de personas» que se acerca a las 850.000 licencias. Nos extraña que unos expertos en extraer recursos del Estado a través de subvenciones no se manejen del todo bien con los números y consideren que más de un 2 por ciento de la población española sea «un reducido número de personas».
Ciertamente resulta lamentable considerar minoritaria una actividad que practican unas 850.000 personas. Aunque para poder hacer una comparación, por ejemplo, podríamos tener en cuenta el número de socios de Ecologistas en Acción. Pues bien, parafraseando su equívoca sintaxis deberíamos concluir que, en atención a sus asociados, Ecologistas en Acción, la cual según datos actualizados de “ONG Consumer” cuenta con unos 30.000 socios, no existe.
En este punto cabe recordar datos contrastados e incontestables que sitúan al sector cinegético en un mercado mucho más amplio: producción y venta de carne de caza, guardería cinegética, conservación y mantenimiento de cotos, empresas armeras, sector textil, entidades de turismo cinegético, organización de acciones cinegéticas… en total se estima que el colectivo está formado por en torno a tres millones de personas. Nos preguntamos cómo definiría “Subvencionados en Acción” dicha cifra…
En el panfleto se afirma sin rubor de los cazadores: «por lo general (se trata) de personas adineradas, como grandes propietarios de fincas, banqueros, empresarios, aristócratas, políticos y miembros de la judicatura y de las fuerzas de seguridad». Aunque entendemos la posible inquina de los responsables de la citada organización hacia las personas que han triunfado con su trabajo y su esfuerzo —quienes al contrario que ellos inyectan dinero al estado con su trabajo y no lo extraen—, la gran mayoría de las licencias, más del 90%, corresponden a la caza social, a la gente humilde y de clase media, todos ellos también trabajadores y contribuidores del Estado…
Alegar que «(la caza) consiste en matar animales por diversión o por negocio» es tan intelectualmente vano como decir que comer paella consiste en torturar toda clase de peces por placer arrocero…
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“No es compatible con la conservación de la biodiversidad”
Los datos son tozudos en esto también, pues existen numerosos estudios, estos documentados rigurosos y fundamentados, de diversas universidades internacionales, que concluyen que la caza resulta una herramienta de conservación esencial, los últimos de universidades tan prestigiosas y poco sospechosas como Cambridge. Son innumerables los ejemplos donde la gestión cinegética ha permitido mejorar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
Estudio de las universidades de Cambridge, Adelaida y Helsinki:
Si hablamos de la conservación de especies protegidas, la realidad, le pese a quien le pese, es que diversas entidades de caza trabajan activamente en la conservación de especies como el urogallo, el lince, el águila imperial, el oso pardo y el lince ibérico. Así, trabajan conjuntamente con la Fundación Oso Pardo y con la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados, entre otras. Afirmar, como hacen los señores de los 30.000 socios, que la caza hace peligrar a las especies protegidas es, probablemente, además de una falsedad, una calumnia.
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“Convierte los cotos en granjas intensivas y en campos de tiro”
Sobre este punto aclarar que, en primer lugar, el furtivismo no es caza, sino un delito, además de una lacra para los cazadores. Por lo tanto, desde la ONC se considera a los furtivos como delincuentes, como ya hemos expresado en varias ocasiones.
Por otra parte, el sector de la caza viene apostando tradicionalmente por modelos sostenibles de gestión cinegética. Aclarar, para que se documenten e informen un poco, que el caso que se cita por Ecologistas en Acción, el de la perdiz de granja, viene motivado por la progresiva desaparición de esta especie en nuestro país provocada, no por la caza, sino por el uso de determinados productos químicos en el sector agrario. De hecho, desde la ONC se está diseñando un proyecto de recuperación de la perdiz roja silvestre. Entre tanto, felicitamos a quienes mantienen esta especie cinegética en sus campos para suelta y disfrute de todos, incluidos cazadores.
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“No sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones”
No existe mejor método de gestión poblacional que la caza, y eso está tan sobradamente acreditado que huelga cualquier comentario. No obstante, aunque resulte innecesario, por ocioso, incidir, por ejemplo, en que acciones irresponsables como la del PACMA en Madrid, deteniendo la extracción de ejemplares de monteses mediante controles poblacionales, provocan un incremento tan incontrolado de dichos ungulados que puede llegar a provocar graves problemas sanitarios. Algo que ya se ha demostrado en el pasado en otras zonas de España, donde no se quiso utilizar la caza como medio de gestión, resultando en una desaparición de la especie por epizootia de sarna. Nos remitimos a lo ocurrido en los años 80 en los montes de Cazorla por hacer caso a los Ecologistas en Acción de entonces…
La caza es una actividad legal enormemente regulada (infinitamente más que los movimientos ecologistas, por cierto), y son las administraciones las que establecen cuánto y qué se puede cazar, en muchos casos atendiendo incluso, de manera equivocada, a las reivindicaciones de los grupos ecologistas más que a las recomendaciones técnicas y científicas. Ello genera los problemas de sobrepoblación, no la caza.
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“Limita los derechos de la mayoría de ciudadanos”
La actividad de la caza es legal y legítima en España, por lo que también merecen protección las personas que la practican durante determinados periodos de tiempo en zonas determinadas.
En este caso, nos gustaría sugerir a muchos ecologistas (en acción o no) que «practican en el monte otras actividades», que dejen de generar suciedad, traten de conciliar en vez de enfrentar y cuiden del campo intentando no provocar daños irreversibles en el ecosistema como incendios o, en los últimos días, como parece que hacen ciertos grupos de seteros a los que parece defender la organización de los 30.000 asociados por encima de quienes lo limpian, evitan incendios e inciden en la conservación: los cazadores. Ver a este respecto el informe del Parlamento Europeo de 2016 sobre el valor económico intangible de la Caza.
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“No favorece el desarrollo rural”
Afirma el panfleto, sin informe económico que lo sostenga, que «la caza no solo no estaría favoreciendo el desarrollo del medio rural, sino que estaría limitando las posibilidades futuras de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente», un argumento lanzado con una visión urbanita de quienes ni conocen ni comprenden nuestro mundo rural.
Y es que la caza es una actividad profundamente arraigada en numerosos pueblos españoles, genera miles de empleos (directos e indirectos) y permite que se mantenga la población en esos entornos rurales en un momento en el que la falta de trabajo es uno de los grandes dramas de nuestro país. Eliminar la caza provocaría de manera inmediata la despoblación de zonas rurales, aunque suponemos que los ecologistas contratarían al día siguiente a los miles de personas que trabajan en el entorno del sector cinegético (guardas rurales, veterinarios, armeros, trabajadores de empresas de carne de caza…) para paliar el impacto de esta medida. Ver los informes aludidos de las Universidades y el de FACE y el Parlamento Europeo.
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“No sólo mata, también maltrata”
Esta es la gran mentira que cada año corean como un mantra los ecologistas con el objetivo de que una mentira mil veces repetida se convierta en verdad. «Se estima que, al finalizar la temporada de caza, cerca de 50.000 galgos son abandonados en España cada año». Se estima, no. Estiman los grupos ecologistas, que en este caso concreto siempre prefieren aludir a sus estimaciones que a los posibles datos reales.
Ciertamente, los propios datos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) desmienten esto. En concreto, a lo largo de 2015 en el conjunto de España, el Seprona tramitó 226 denuncias penales relacionadas directamente con el maltrato y abandono de perros, de los que 71 se entendieron -repetimos no se demostraron, se entendieron- vinculados a la caza por ser razas cinegéticas, aunque en muchos de ellos no esté probada dicha vinculación. Si nos referimos a infracciones administrativas, en sólo la mitad de los 11.275 casos analizados por el Seprona, menos del 40% de las infracciones son atribuidas, en el peor de los supuestos interpretativos, a los cazadores. Hablamos, por tanto, de unas 4.500 denuncias (interpretadas no demostradas) en total en un colectivo de más de 850.000 personas: algo más del 0,5% de los cazadores.
Afirmar que la ONC persigue y denuncia cualquier maltrato a los perros, como no puede ser de otra manera. Además, en los últimos días hemos asistido a lamentables muertes y peligro de muerte de dos cazadores en sendos actos de salvar a sus perros de morir ahogados. Ninguno de ellos, por cierto, miembro de Ecologistas en Acción.
Por lo tanto, sí, los cazadores somos parte de la naturaleza y estamos más cerca de la realidad de la misma.
Respuesta a Ecologistas en Acción de la Oficina Nacional de la Caza