La RFEC considera «propaganda anticaza» la declaración como refugios de caza de las fincas públicas mallorquines
López Maraver califica la medida de «acto de propaganda política» dada la escasa actividad cinegética que se realizaba en las fincas y el gasto que supondrá para los contribuyentes su declaración como refugios.
Informa RFEC | La Real Federación Española de Caza ha manifestado su total rechazo a la medida adoptada por el Consell de Mallorca al prohibir la caza en sus fincas públicas, una medida que es claramente un acto más de propaganda anticaza por parte de esta Administración, que se pliega de nuevo a las presiones ecologistas más radicales, principalmente del grupo GOB Mallorca.
En total son cinco las fincas públicas a las que no se podrá cazar: Son Amer (Escorca), Coma d’en Vidal (Estellencs), Son Massip (Escorca), Son Fortuny (Estellencs) y Tossals Verds (Escorca), calificadas antes como “zonas de caza controlada” y que ahora serán “refugios de caza”.
La medida, afirma Ángel López Maraver, presidente de la RFEC, es claramente un acto de propaganda política rendida al GOB, “pues en la mayoría de estas fincas públicas la actividad cinegética era escasa y, por tanto, no tiene ningún sentido que el Consell derroche el dinero de los contribuyentes mallorquines en crear refugios de fauna, cuando casi no se cazaba”.
Especialmente lamentable para la Federación nacional es el caso de la finca Son Fortuny, que contaba con Certificado de Calidad para Caza Mayor, y desde donde se promocionaba a nivel nacional e internacional una especie autóctona, como es el boc balear, que generaba altos ingresos que repercutían directamente en la gestión y mantenimiento de esta finca pública.
La RFEC lamenta profundamente que el Consell de Mallorca se siga plegando a las demandas anticaza de grupos ecologistas radicales sin ningún criterio, así como las desafortunadas palabras de la consejera insular de Medio Ambiente, Sandra Espeja, al afirmar que se ha tomado esta decisión “porque consideramos que toda la gente debe poder disfrutar de las fincas públicas con seguridad”, ignorando la compatibilidad que la actividad cinegética ha tenido desde siempre con el resto de los usos tradicionales del campo y acusando a los cazadores de poner deliberadamente en peligro la vida de los usuarios de estos terrenos.