La grotesca historia del polémico vídeo tras el crimen de Aspa
Será ante el jurado popular donde se sentenciará el crimen. Una acción absurda de la que el autor no ha podido dar una explicación a lo largo de sus declaraciones. Ante ese jurado y la opinión pública se visualizará el compromiso del sector de la caza para con la sociedad, las familias de los muertos y la ley. Acciones así nos dignifican como grupo, nos cargan de argumentos y nos permiten “vocear en la plaza”. Aun así la batalla de la opinión pública en general sigue inclinándose hacía el otro lado.
En enero de 2017 Israel Rodríguez, de 28 años, asesinó durante una mañana de zorzales a dos agentes rurales en la localidad de Aspa (Lérida). David Iglesias (43 años) y Xavier Ribes (39 años) fueron masacrados de varios disparos casi a bocajarro. La noticia abrió todos los telediarios nacionales (si es con sangre las noticias saben mejor). El daño a la imagen del colectivo cazador fue enorme. Una mancha de sangre en un polo blanco.
La reacción del colectivo cazador al doble crimen de Aspa no pudo ser más rápida ni más certera. La Federación Catalana de Caza y la Oficina Nacional de la Caza decidieron personarse como acusación en la causa en el ejercicio de la acción popular. De hecho, ambas entidades han tenido un importante papel en el avance e impulso de la causa en la que un jurado tendrá que decidir sobre los escritos de acusación y las penas solicitadas por las partes. Partiendo de la base de la repugnancia de un hecho con tintes de Puerto Hurraco el objetivo fue hacer visible el compromiso de la masa de cazadores de este país frente a comportamientos criminales como este.
En esta línea el escrito de acusación que hemos presentado y que como abogado de la Federación Catalana de Caza y la ONC en la causa he tenido ocasión de firmar, solicita al final mayores penas que las de la Fiscalía: más de cincuenta años de prisión por dos delitos de asesinato, otro de tenencia ilícita de armas, dos de atentado a la autoridad y un delito contra la fauna. La gravedad de los hechos avala esta petición de condena: la imposibilidad de defensa de las víctimas, el carácter súbito, sorpresivo, inopinado del ataque, el carácter letal del medio empleado, el daño propinado a las familias, y desde nuestra óptica, el grave perjuicio a la imagen de un colectivo que nada tiene que ver con la foto de un señor esposado y conducido al cuartelillo por dejar sin vida a dos padres de familia que se limitaban a hacer su trabajo.
El caso es que en agosto de 2018, casi año y medio después, la Generalitat de Cataluña ha hecho público un vídeo en el que se difundía el nuevo protocolo de actuación para identificación y petición de documentación de cazadores en el campo. El vídeo es desde mi óptica de treinta años de cazador es aberrante e indigno, un verdadero esperpento desde el momento en que los agentes rurales parecen más bien dos GEO que tratan de identificar a un yihadista en la terminal del aeropuerto de París. El vídeo rezuma una idea: el cazador es un bicho potencialmente peligroso. Nada más lejos de la realidad.
Personalmente creo que no se puede pedir más al colectivo y comparto plenamente la brillante carta enviada por la Federación Catalana de Caza a la Consejería de Agricultura de la Generalitat, y que ha respaldado o hecho suya también la Real Federación Española de Caza. La carta en resumen crítica el contenido del vídeo que ha levantado ampollas con toda la razón- entre la gente de la caza, harta ya de estar harta (Sabina).
Será ante el jurado popular donde se sentenciará el crimen. Una acción absurda de la que el autor no ha podido dar una explicación a lo largo de sus declaraciones. Ante ese jurado y la opinión pública se visualizará el compromiso del sector de la caza para con la sociedad, las familias de los muertos y la ley. Acciones así nos dignifican como grupo, nos cargan de argumentos y nos permiten “vocear en la plaza”. Aun así la batalla de la opinión pública en general sigue inclinándose hacía el otro lado.
De vuelta al vídeo de la polémica, considero que pese a la alarma social lógica generada por el crimen, no existe justificación real para perpetrar ese grotesco protocolo de actuación para pedir los papeles a un simple y llano cazador.
Ovejas y garbanzos negros los hay en todos los corros: políticos, fontaneros, jueces, guardias civiles, y hasta enfermeros. Sin embargo, ni se prescinde de estos cuerpos, ni se cuestiona su continuidad, ni por supuesto se les criminaliza. Estadísticamente el doble crimen de Aspa es algo inédito, anecdótico si se quiere, brutal pero afortunadamente puntual, un hecho aislado. Es lógico tomar precauciones, ponerse en prevengan y evitar que vuelva a suceder. Para ello está la función de prevención de las penas, la represión del delito y la labor de divulgación que hacen los medios. Muy sensibilizada con el tema la Federación Catalana de Caza ha hecho un esfuerzo adicional en ese sentido. Sin embargo, este protocolo de actuación, con chaleco antibalas incluido y carabina en mano por si acaso, no deja de ser una hipérbole, una exageración de lo que debe ser una actuación policial como esta. Afortunadamente las sierras españolas no son el Bronx, ni los suburbios de Medellín en la época del imperio narco. Al contrario.
Los datos, las estadísticas y la historia no justifican el trato denigrante al cazador que se da en el vídeo. Me parece un precedente erróneo y al mismo tiempo peligroso por el efecto contagio que pueda tener en otras regiones. Personalmente creo que si para pedirme el seguro o la licencia de caza me tienen que tratar como un terrorista y tengo que pasar por el calvario y la tensión del cazador que se ve en el vídeo, consideraré seriamente dedicarme al tenis o la petanca y llevar las armas a la chatarra.
Dejemos a la Justicia trabajar, dejemos que el Derecho Penal cumpla su función y que la sociedad juzgue y condene, y paralelamente convivamos en el campo sin necesidad de tratar como criminales en potencia a todos los cazadores de este país por un hecho criminal lamentable, pero aislado.
Santiago Ballesteros Rodríguez (Abogado y asesor de la ONC)
Publicado en oficinanacionaldecaza.org