Guerras internas del animalismo con repetidas luchas que no cesan
Raúl Mérida, presidente de Fiparm, lleva recibiendo denuncias por su gestión de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante desde 2008
El último pliego de condiciones firmado estipulaba que para un 5% de la dedicación del tiempo la Administración —sólo el presidente cobra— percibirá 21.360,48€
Redacción | Tras la publicación en Cazaworld de la carta abierta de Raúl Mérida hacia el mundo del animalismo, se han vuelto a reabrir viejas heridas en las que las disputas, las denuncias y las sentencias llevan años presentes.
En la citada carta, Mérida criticaba a quién dentro del animalismo respondía con odio hacia quien no tiene los mismos pensamientos. Además, llegó a cargar contra aquellos que se acercaban al mundo animalista por mero interés; algo que no ha gustado demasiado dentro del animalismo.
Así, tras las declaraciones de Mérida, hemos podido acceder a otras informaciones que distan de una imagen idílica del mundo animalista.
Una polémica arrastrada en el tiempo
Ya en 2008, ecologistas, veterinarios y usuarios denunciaban supuestas irregularidades en la gestión y trato a los animales en la Protectora de Animales y Plantas de Alicante, entidad financiada con fondos públicos.
Por aquel entonces, diversas entidades de corte animalista denunciaban que esta entidad incineraba animales de manera masiva sin respetar el plazo legal —diez días después de la acogida del animal—. Paco Cuéllar, exvicepresidente de la fundación, advertía ya entonces al medio citado que «da la imagen de protectora, pero aquí se matan perros a saco». Si bien entonces las demandas ya eran numerosas desde el Seprona no sacaron nada en claro en las investigaciones.
Los veterinarios, asimismo, denunciaban «competencia desleal» a través de una red de clínicas creada bajo la fundación. No obstante, el presidente de la protectora, Raúl Mérida, rechazaba las críticas y explicaba que los beneficios de las clínicas revertían en la fundación de protección animal. Por su parte, la Consejería de Agricultura y la Guardia Civil advirtieron que las instalaciones no incurrían en ninguna ilegalidad.
Por otro lado, infinidad de particulares denunciaban el cobro de una cuota de entre 20 y 130 euros por recoger o entregar un animal a la perrera. Esta cuota, según explicaba Raúl Mérida, se debía a la cobertura veterinaria de un mes completo. Casualmente estos cuidados se realizaban en las clínicas que tenía la fundación.
Además, conservacionistas locales reclamaban entonces que el Ayuntamiento de Alicante no revisaba los protocolos de la entidad protectora encargada del servicio de recogida de perros. Por su parte, la Federación de Protectoras de Animales de la Comunidad Valenciana interpreta que esta sociedad estaba gestionada como una empresa privada sin ceñirse a las condiciones legales inherentes a una sociedad protectora.
La polémica se alarga
Casi una década después, en 2016, más de 20 asociaciones animalistas de Alicante denunciaron en el ayuntamiento de la ciudad «irregularidades constantes» en la gestión de la protectora de animales y solicitaron que se rescindiese el contrato.
Este conglomerado de organizaciones acusaba entonces a Raúl Mérida, responsable de la gestión de la protectora, de utilizar las instalaciones «sin tener en cuenta las necesidades de los animales» y «únicamente para su beneficio».
Mar Puig, de la organización ‘Cinco Hocicos’ y Saturnina Martínez de ‘Dignidad Animal’ afirmaban ante los medios que la protectora no tenía un servicio de recogida 24 horas ni llevaban un registro de los animales que entraban y salían. Además, según las portavoces de los grupos animalistas agrupados contra Mérida, en la protectora no se prestaban los servicios veterinarios necesarios de forma adecuada; poniendo de manifiesto, además, la relación del gestor de la protectora con las clínicas veterinarias donde se atendía a los canes, algo que según ellas «vulnera el principio de neutralidad» de la institución.
Además, exigían que se retirase a Mérida de la concesión porque generaba «sufrimiento y muerte». También especificaban que la situación no se debía a una falta de medios pues según ellas la fundación recibía subvenciones de hasta un total de 157.000 euros anuales.
No obstante, el socialista Gabriel Echávarri, entonces alcalde de Alicante reiteró su apoyo a la labor de Raúl Mérida al frente del centro de recuperación de especies salvajes Arca de Noé y de la Protectora de Animales.
Raúl Mérida, en Arca de Noé.
Primeros fallos judiciales
La extinta concejalía de Protección Animal, que se reintegró en Sanidad con la vuelta del PSOE al consistorio municipal de Alicante, decidió no renovar a finales de 2016 el convenio por el que Fiparm —fundación regida por Raúl Mérida—gestionaba el Arca de Noé en los terrenos municipales conocidos como «El Roal».
Tras una denuncia de Mérida y la suspensión cautelar del acuerdo llevada a cabo por un juzgado de la provincia, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al Ayuntamiento alicantino y Fiparm tuvo que dejar de trabajar en las instalaciones. Esta finca es la única catalogada como núcleo zoológico dentro de los terrenos municipales.
Tras la sentencia del TSJ desde el grupo político municipal Guanyar Alacant lanzaron un comunicado explicando que el uso que daba Fiparm a la finca de El Roal no se correspondía con lo que se había acordado. Desde Guanyar se afirmaba que la fundación de Mérida no luchaba por el bienestar animal y que los animales pasaban demasiado tiempo encerrados en el centro mientras que solo tenían licencia para tenerlos temporalmente; puesto que el Arca de Noé se trataba de un Centro de Acogida Temporal.
Por otro lado, los distintos colectivos animalistas y el grupo municipal de Guanyar denunciaban que el centro abría sus puertas a visitas escolares por las que cobraba sin tener los permisos necesarios. Cuando fue requerido el cese de esta actividad, la gerencia del centro desoyó la petición.
Problemas para rescindir la gestión de la protectora
Según distintos medios, la exedil de Protección Animal, Marisol Moreno, quiso desvincular a Mérida del servicio de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y convertir los terrenos de El Roal —ocupados por El Arca de Noé— como albergue de animales solo para Alicante ciudad, puesto que el otro centro municipal situado en Bacarot —propiedad de la Generalitat de la Comunidad Valenciana— daba servicio también a otros municipios como Elche o San Juan de Alicante.
Sin embargo, los juzgados suspendieron cautelarmente la decisión de rescindir el contrato con Fiparm, por lo que el Ayuntamiento se quedaba nuevamente sin los terrenos de El Roal, los únicos municipales que cuentan con el permiso de núcleo zoológico. Llegado el momento de la renovación del contrato la única entidad que se pudo presentar fue nuevamente la gestionada por Raúl Mérida, por lo que la concesión continuaba.
La polémica continuaba y las críticas desde los colectivos animalistas arreciaban contra Mérida.
Recurso victorioso
Tras un tiempo convulso, en marzo de 2018, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante tuvo en consideración el recurso interpuesto por Fiparm contra la resolución de la Concejalía de Protección Animal por la que se denegaba la prorróga de la concesión para continuar gestionando el centro de protección de fauna salvaje ‘Arca de Noé’.
El juez encargado del caso considera que la decisión de la Concejalía, dirigida entonces por Marisol Moreno de Guanyar, «adolece de una manifiesta falta de motivación» pues se basa en «un informe municipal que carece de sustento en un previo informe técnico que lo justifique».
El primer pliego de condiciones, suscrito en 2008, vinculaba por cinco años, prorrogables hasta un máximo de 20 en distintos periodos. En octubre de 2013 tuvo lugar la aprobación de la primera prórroga. Según el juez la resolución adoptada por la Concejalía se basa en un informe municipal «carente de sustento en previo informe técnico», en el que no se «diferencia la tramitación de la primera prórroga -que resultó concedida-, respecto de la tramitación de la segunda prórroga», que fue denegada.
Además, el magistrado hace referencia a un expediente administrativo resultante de una inspección favorable de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua, así como un informe del veterinario municipal en el que «no se opone a la prórroga». El Seprona también avaló la actividad llevada a cabo por Fiparm tal y como menciona la resolución judicial.
Moreno, exregidora de Protección Animal quiso recordar que «la concesión o no» de una prórroga por parte del Ayuntamiento «es discrecional y ésta en particular estaba sobradamente motivada», por lo que ha esperado que los Servicios Jurídicos Municipales recurran la resolución judicial esperando que «la finca pública se pueda destinar en el futuro a albergue municipal de animales y no ceder gratuitamente un espacio público a intereses privados».
Denuncias documentadas contra Mérida y la protectora de animales
Según se puede ver en la web de Fiparm, el Arca de Noé ya no se encuentra en la finca El Roal, que recordamos que es propiedad del Ayuntamiento de Alicante, si bien la Sociedad Protectora de Animales tampoco se encuentra en la actualidad en dicha localización como pretendía la anterior edil de Protección Animal.
No obstante, desde Cazaworld hemos tenido acceso a una serie de documentos entre los que se puede ver el último pliego de condiciones para la gestión del centro, fechado a 30 de mayo de 2017.
En él se detalla el rasgo de ‘sacrificio cero’ que, según las fuentes consultadas, no se cumplía. Además, el último pliego de condiciones se establecía un contrato de un año prorrogable a otro más —es decir, hasta 2019 si se hubiese prorrogado—. El precio del contrato ascendía por entonces a un total de 223.481,6€ para ambos años.
No obstante, hay un dato que es aún más llamativo. Mientras en los estatutos de la Sociedad Protectora de Animales de Alicante —recordemos que gestionada por Raúl Mérida a través de Fiparm— se establece que el único cargo que percibirá un salario es el del presidente —Mérida—, en el pliego de condiciones se establece que para un 5% de la dedicación del tiempo la Administración percibirá 21.360,48€/brutos al año.
Por último, este medio ha tenido acceso a distintas denuncias presentadas hacia 2016 por protectoras de animales, presentadas al Ayuntamiento de Alicante, en las que se detallaba con informes veterinarios el mal estado en el que eran recogidos algunos de los animales que se encontraban en la Sociedad Protectora de Animales que por aquel entonces dirigía Mérida.
En estas denuncias, las entidades de corte animalista advertían desde fracturas abiertas hasta prolapsos en párpados, lo que iría en contra de uno de los puntos del último pliego de condiciones donde se puede ver que una de estos era la asistencia veterinaria inmediata en caso de lesiones. No en vano, como ya se ha comentado anteriormente Fiparm contaba con distintas clínicas a su disposición.
Como contestación a algunas de estas denuncias, el Ayuntamiento de Alicante ratificó que las condiciones del pliego no se estaban incumpliendo según había podido saber.