Entrenar galgos: ¿maltrato o bienestar para el animal?
La Federación Extremeña de Caza y la de Galgos han solicitado a la Junta poder entrenar a sus perros con vehículos a motor, pero los animalistas se oponen.
Lo que piden es que se legalice una práctica que ya realizan habitualmente y que conlleva multas de entre 300 y 600 euros por considerarse maltrato animal. El argumento es que «el propio perro lo demanda». La praxis consiste en que el galgo va atado con una cuerda a un vehículo a motor y corra paralelamente a éste y a la misma velocidad. El objetivo es fomentar un intenso entrenamiento para que el animal alcance la mayor velocidad posible y así destacar tanto en competiciones de carreras como en jornadas de persecución de liebres (España es el único país de la Unión Europea que todavía permite este tipo de actividad). La Federación Extremeña de Caza y la de Galgos han realizado recientemente una petición a la Junta de Extremadura para que este entrenamiento con vehículos a motor de estos animales pueda llevarse a cabo en la región con total impunidad. Ambas entidades alegan que es la manera de «salvaguardar el bienestar del galgo» porque «es un atleta y requiere ese ejercicio de manera constante y diaria».
En la propuesta que han emitido a la Administración regional establecen una serie de «estrictas normas»: no se podrá practicar con galgos de menos de seis meses, a partir de los ocho meses el vehículo no puede superar los 10 kilómetros por hora y desde del año de vida se puede llegar hasta los 15 kilómetros por hora (e incluso los 20); se debe utilizar una cuerda, nunca una cadena, con una longitud de al menos metro y medio; el recorrido máximo diario no puede superar los 10 kiómetros; los vehículos autorizados son ciclomores y quads (que no sobrepasen los 50 kilómetros por hora), en el primer caso solo podría ir un galgo a cada lado y en el segundo, serían dos en cada lateral del quad; y entre los meses de abril y septiembre solo estará permitido hasta las once de la mañana y a partir de las siete de la tarde, siempre y cuando no se superen los 42 grados, «para evitar que las altas temperaturas puedan ser perjudiciales».
Cazadores y aficionados a las carreras consideran que con estos requisitos no existe ningún tipo de maltrato. Pero las protectoras tienen claro que los animales «acaban heridos, con huesos rotos, y abandonados o cedidos a perreras». Por lo que lamentan y critican que se exija legalidad para esta práctica.
En estudio
De momento desde la Consejeria de Medio Ambiente y Rural, Politicas Agrarias y Territorio aseguran que aún no tienen «constancia oficial de ninguna petición por parte de ningún colectivo». No obstante, añaden igualmente que el director general de Agricultura y Ganadería «mantendrá una reunión con los solicitantes y estudiará los argumentos que se pongan sobre la mesa» para decidir si se da luz verde o no a lo que unos consideran un beneficio para el galgo y otros una salvajada.
En Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha ha habido intentos de que el entrenamiento con vehículos a motor quedara totalmente impune, pero finalmente ha sido prohibido (tal y como recuerdan las protectoras). Ahora la polémica salta -de nuevo- en Extremadura, donde las posturas y argumentos de cazadores y animalistas chocan constantemente.
7.000 extremeños
«Para nosotros es uno más en la familia, hay dueños que hasta duermen con él en la misma cama», asegura Gregorio Ortiz, presidente de la Federación Extremeña de Galgos. «Es como una persona, como un deportista que necesita su entrenamiento, es su propia naturaleza», agrega.
Ortiz calcula que unos 7.000 extremeños tienen actualmente licencia federativa para la caza con galgos, de los que un millar aproximadamente participan en la competición nacional, donde la velocidad del animal es fundamental para vencer en las carreras. «El entrenamiento con motor permite que esté mejor preparado», afirma. Y explica, para justificar el buen trato, que en el terreno más profesional el animal tiene «pienso especial, masajes especiales de fisioterapeutas…».
Informe de expertos
«No se trata de nuestra opinión, sino de un informe de expertos de la Universidad de Córdoba que efectivamente demuestra que no es maltrato», subraya el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo.
Reconoce que actualmente el uso vehículos a motor es algo habitual, «pero se ponen multas, claro», por ello quieren lograr la legalidad. «Si los galgos no se entrenan después sufren, porque correr forma parte de su naturaleza», insiste en defender Gallardo. A la vez que lamenta que se producen muchos robos, «sobre todo de los mejores».
Rotundamente en contra de estos argumentos se manifiestan las protectoras de animales, que tienen claro que los galgos no demandan ese tipo de entrenamiento a menos que la mano del hombre los acostumbre a ello. «Son perros tranquilos, que dan compañía y que si no son traumatizados, corren solamente por gusto. Además, cada vez se emplean más para terapias con enfermos, niños y personas mayores», aseguran en un comunicado conjunto que han firmado la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, la entidad Anima de Villanueva de la Serena, Prado de Don Benito, Dama de Hervás, la Plataforma Defensa Animal Extremeña y la perrera SOS de Badajoz.
La vicepresidenta de la protectora cacereña, Isabel Alcalá, detalla los argumentos: «Si se legaliza el uso de vehículos a motor, nadie va a velar para que no haya maltrato, para que no sufran un tropezón que les cause lesiones que tengan como consecuencia que ya no valgan para correr y entonces sean abandonados. Porque cada ciclomotor lleva 10 o 15 galgos, porque así sale más rentable y porque los galgos corren delante o detrás, nunca de forma paralela». Y añade que, aunque se cumplieran esas normas que se plantean desde la federación de caza, «la crueldad seguiría existiendo porque no hay garantías de que el animal no vaya a sufrir».
Hasta el extremo
Pero las críticas de los colectivos animalistas van más allá de este tipo de entrenamiento, ya que ponen igualmente el foco en los circuitos que se habilitan para que los galgos corran detrás de las liebres llevando la resistencia al límite (pueden llegar hasta los 60 kilómetros por hora). Lo que provoca que, en algunas ocasiones, fallezcan de agotamiento.
Inevitablemente, aseguran que el motivo de forzar hasta el extremo está en las carreras ilegales que, con las apuestas, mueven una ingente cantidad de dinero. «Cada vez que tenemos constancia de que se va a celebrar una, aunque sea legal, avisamos a la Guardia Civil para que exista vigilancia», afirma Alcalá.
Otra de las constantes denuncias que hacen las protectoras es el abandono de estos animales cuando termina la temporada de caza. Calculan unos 50.000, por ello se fomentan campañas para la adopción con el objetivo de que no sean sacrificados.
Esta cifra provoca la indignación de las federaciones extremeñas de caza y galgos, ya que afirman que es «completamente falsa porque el número que baraja el Seprona es bastante menor», tal y como subraya Gregorio Ortiz. «Lo que pasa es que las protectoras tiene que seguir diciéndolo para poder continuar viviendo de las subvenciones que reciben», añade.
«Aunque las instituciones hablan de una cifra menor, la mayor parte del maltrato y el abandono no llega a ser denunciado nunca», responde la portavoz de la protectora cacereña.
Ortiz vuelve a defender la labor que ellos hacen asegurando que el trato que se da a los animales es el mejor: «Lo que pasa es que hay mucho mito, como que cuando ya no sirven, se ahorcan. Malas personas hay en todas partes, pero no por eso se puede acusar a un colectivo que es muy respetuoso con los animales». Asegura que él no tiene constancia de que se produzcan carreras ilegales a la vez que sostiene que desde las federaciones se llevan a cabo acciones para concienciar en contra del abandono. «Porque nosotros somos animalistas».
Las protectoras, con las cifras en la mano y con la experiencia que viven día a día en las perreras, claman que los galgos están sometidos a prácticas que les producen sufrimiento y daños injustificados y que éstos no dejan de ser una infracción que debe seguir estando castigada por la ley.
Rocío Sánchez para elperiodicoextremadura.com