El TSJ de Castilla y León desestima la suspensión de la caza solicitada por el Pacma

En la demanda presentada contra esta Orden castellanoleonesa y el Decreto del Lobo, el Pacma pedía la suspensión cautelar de ambas normas, medida que ha sido desestimada por el tribunal y que de haber prosperado habría paralizado la actividad cinegética en Castilla y León.

La Federación de Caza de Castilla y León, que se ha presentado como codemandada en el Contencioso con la Junta de Castilla y León para defender la legalidad de estas normas, se opuso a la suspensión de la caza.

Dicha federación sostiene que en este caso el Pacma, «en un paso más en la línea iniciada hace años y que parece seguir una estrategia perfectamente definida de paralizar cualquier norma que regule la actividad cinegética (en otros ha sido o será Ecologistas en Acción, Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, etc., todos los mismos grupos interrelacionados)», presentó recurso contra la Orden Anual de Caza y el Decreto que regula los cupos de captura del lobo.

Estas disposiciones normativas regulan, entre otras cuestiones, el aprovechamiento de las especies renovables establecido en la Ley y, como consecuencia, el debido control de daños a la agricultura y a la cabaña ganadera que producen las especies cinegéticas.

«No conocemos aún a ningún paladín de estas causa de la animalidad mal entendida que haya contribuido de forma particular a reparar con su propio patrimonio a agricultores y ganaderos por los daños que provocan las especies», se queja la federación, que a través de un comunicado añade que científicos acreditados, serios y no radicalizados, aunque sí ecologistas, reconocen de forma unánime que la caza es una actividad necesaria para el debido control de las especies y un recurso perfectamente aprovechable.

Recuerda además que si no hubiese cazadores la sociedad tendría que pagar a través del presupuesto público esa labor que realiza el cazador, que lo hace, además, contribuyendo a la hacienda pública con las elevadas tasas que la caza soporta.

«Ante esta campaña, fácilmente reconocible en lo social y ya acreditada de forma reiterada en la vía jurídica», la federación ha iniciado e impulsado en las distintas organizaciones en que se integra (ONC, FACE), una línea de actuación por la que «no va a consentir que, bajo la protección de la bandera del ecologismo y la conservación, se trate sistemáticamente de poner en entredicho a la caza».

Además de defenderse donde corresponda, como en este caso ante la Justicia, anuncia su propósito de empezar a preguntar y requerir de las administraciones las explicaciones a las que tiene derecho como contribuyente que es, participando además de forma singular con sus tasas en la conservación del medio, qué ayudas públicas, para qué concepto y con qué finalidad se destinan a estos grupos, «que en algunos casos son financiados desde la propia administración por políticos que compran silencios de colectivos que con la misma facilidad se tornan provocadores y casi antisociales».

Deseos de muerte en las redes sociales

«Esta misma forma de actuar se ha impuesto ya, y continuará en el futuro, en relación a las manifestaciones públicas, fundamentalmente en redes sociales, en las que se transmite euforia, deseo de muerte y otras del mismo o similar tenor cuando se producen accidentes o se daña un cazador o simplemente cuando se muestran fotografías de práctica cinegética».

En este sentido, la organización de cazadores anuncia que acudirá de inmediato a la Fiscalía para presentar las oportunas querellas por injurias y calumnias. «Se ha acabado esta impunidad en el uso de una supuesta libertad de expresión que atenta directamente contra la propia dignidad de las personas. Es hora de que la sociedad se plante ante la provocación sistemática y empiece a primar el sentido común», defiende.

La presente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de desestimar las pretensiones del Pacma no es más que «un respiro en un proceso global que aún está pendiente de varias sentencias», lamenta la Federación de Caza de esta región, cuyos responsables recuerdan que ya lo han intentado e incluso conseguido en parte en varias comunidades (Castilla-La Mancha, Canarias, etc.) y a nivel nacional con la sentencia del Tribunal Supremo que consideró especies invasoras a varias que llevan conviviendo con nosotros, incluso algunas desde los romanos.

«La cosa es muy seria porque no sólo se ha dañado a la caza y a la pesca, sino que se ha jugado con el futuro de muchas familias que viven del aprovechamiento de algunas de ellas (cangrejos de río, etc.)».

Informa: tribunasalamanca.com