El Tribunal Supremo lo confirma: el plan de caza del lobo de Castilla y León es legal
El Supremo deja sin efecto la sentencia que obligaba a la Junta a «compesar» con casi 850.000 euros por haber cazado lobos entre 2016 y 2019
Al tiempo, señala que «no entra» en el conflicto jurídico sobre la inclusión del lobo en el LESPRE, orden que está recurrida por Castilla y León
Informa Redacción | El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia que obligaba a Castilla y León a pagar 842.721 euros para «reparar el daño causado por cazar lobos» y declara legal el ‘Plan de aprovechamientos comarcales del lobo al norte del río Duero’, realizado por la Junta, para las temporadas 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) denunció este plan y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dio la razón a la asociación animalista, anulando dicho plan y condenando a la Junta «a reparar el daño causado» mediante la elaboración de un «programa de recuperación, conservación y divulgación de la importancia de la especie» por un importe de 842.721 euros.
Ahora el Tribunal Supremo anula la sentencia del TSJCyL basándose en que para su aprobación no es necesario que se incluya «una motivación específica sobre la conservación de la especie, con estudios científicos específicos y realizados cada año o temporada de caza», sino que basta la determinación normativa de su carácter cinegético y la garantía de que la actividad de la caza resultará compatible con un estado de conservación favorable.
El plan del lobo 2019-2022, también está denunciado
El director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha señalado que esta sentencia es «muy importante» por la repercusión que pueda tener en un caso idéntico que está a punto de sentenciarse por el tSJCyL sobre el plan del lobo para las temporadas 2019-2022, también denunciado por ASCEL.
En la sentencia, fechada el 27 de octubre, el Tribunal Supremo indica de forma expresa que «no entra» en el conflicto -judicializado ante la Audiencia Nacional- sobre la Orden del MITECO de septiembre de 2021 que declaró al lobo especie no cazable en toda España, y que está recurrida por la Junta de Castilla y León.
Castilla y León, en desacuerdo con la ‘Estrategia del lobo’
La comunidad de Castilla y León no ha dejado de hacer público su desacuerdo con el MITECO tras aprobar la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Oficial, lo que impide su aprovechamiento cinegético al norte del Duero.
Junto a Asturias, Cantabria y Galicia -que albergan más del 98 % de la población de lobo ibérico- han abandonado el grupo de trabajo del MITECO sobre la especie y han formado uno propio que se denominará Grupo de Trabajo en el Noroeste de la Península Ibérica, señalado que el actual pretende una revisión de la actual ‘Estrategia para la conservación del lobo en España’ «sin rigor, sin consenso y sin ajustarse a la legalidad».
Las cuatro comunidades han acordado realizar un censo coordinado del lobo y han tildado de «desacertada» la inclusión del lobo en el LESPRE «sin razones científico-técnicas que lo avalen, sin conocimiento sobre el estado de conservación de la especie y, sobre todo, por vez primera, sin el consenso de los territorios que gestionan la mayoría de las poblaciones de lobo en España».