El Gobierno reconoce que la prohibición de la caza pone en riesgo el futuro de Cabañeros

11 mayo, 2022 • Noticias de caza

Desde que se prohibió la caza en los PP NN a finales de 2020, todos los datos apuntan a una sobrepoblación que pone en riesgo la viabilidad de los ecosistemas

Informa Plataforma Afectados PP NN | La falta de controles de poblaciones en el Parque Nacional de Cabañeros desde finales de 2020, cuando se prohibieron los controles cinegéticos, está poniendo en riesgo el equilibrio y el futuro del propio espacio natural.

Así se deduce del último borrador del Plan de Control de Ungulados elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que recuerda que «numerosos ecosistemas del Parque Nacional de Cabañeros, que sustentan generalmente hábitats de interés comunitario, no tienen garantizada su persistencia o sostenibilidad a corto y medio plazo».

En este sentido el informe explica que este espacio de alto valor natural atraviesa «una tendencia de degradación que debe ser interrumpida mediante la disminución de la densidad de ungulados, propiciando así la evolución hacia formaciones más maduras y estables». Y es que desde que se excluyó la caza de los controles poblacionales, todos los datos apuntan a una sobrepoblación que pone en riesgo la viabilidad de los propios ecosistemas de Cabañeros. Tanto es así que hace unos meses la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trató de obligar a los propietarios de las fincas privadas a cazar nada menos que 5.000 ejemplares en menos de un mes con un plan de caza que en la práctica era inviable y que fue rechazado por dichos propietarios.

Ahora el Plan de Control de Ungulados explica que “la disminución de herbívoros propiciaría las condiciones para lograr que los hábitats de interés comunitario alcancen un estado de conservación favorable, que es uno de los objetivos en la designación de los espacios de Red Natura 2000, pero sobre todo uno de los objetivos de conservación del propio Parque Nacional de Cabañeros”.

En cuanto a las consecuencias de la actual sobrepoblación de ungulados, el documento destaca que «se facilita enormemente la transmisión de determinadas enfermedades entre la misma especie (entre las que destaca la tuberculosis), entre las diferentes especies de ungulados y otros animales silvestres y entre los ungulados y el ganado doméstico». Todo ello «sin perder de vista que determinadas enfermedades son zoonosis que pueden incluso afectar al ser humano». En definitiva, añade el informe de Parques Nacionales, «algunas enfermedades tienen un tremendo impacto en la salud pública, la economía, la gestión de la vida silvestre y su conservación».

En esta línea el informe insiste en que «la sobreabundancia disminuye la calidad de la alimentación y con ello la viabilidad de sacar adelante a los recién nacidos: en el medio mediterráneo la calidad del alimento en verano disminuye ostensiblemente, precisamente cuando mayores son las necesidades de las hembras lactantes. Llegado al extremo, la deficiente alimentación también es precursora de una mayor exposición a las enfermedades».

En este escenario, este documento tiene claro que los controles cinegéticos son imprescindibles para que las poblaciones se reduzcan de manera eficaz, puesto que el resto de alternativas son más ineficientes, más costosas económicamente, menos éticas (provocan más sufrimiento a los animales). De ahí el intento reciente de lanzar un plan de caza que se presentó sin viabilidad técnica ni económica, causas por las que fue rechazado.

Los datos que maneja la Administración alertan de la falta de controles poblacionales, que podría causar aumentos de ejemplares de entre el 25% y el 30% en ciervos, algo superiores en gamos y muflones y de más del 50% en los jabalíes. «La ausencia de control podría llegar a ser catastrófica para el medio», apunta.

La Asociación de Afectados por Parques Nacionales añade que ya son visibles los efectos de la sobrepoblación en Cabañeros, con zonas de alto valor ecológico que han quedado sin vegetación. Una situación, añade, que irá a peor en los próximos meses si la Administración sigue sin alcanzar un acuerdo con los propietarios de las fincas privadas (que lleva más de una década pendiente de cerrarse) y si se continúa diseñando un plan de control que no normalice la imprescindible gestión cinegética.


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