Un mandato judicial suspende la caza del lobo

15 mayo, 2018 • Noticias de caza

«No consta cumplida», para el Tribunal Superior de Justicia de CyL, la «garantía» del nivel poblacional, distribución geográfica o índice de reproductividad del lobo para que sea considerada especie de caza.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paraliza de forma cautelar la caza del lobo en el norte del río Duero [solo estaba permitida su caza en esta área geográfica] durante esta temporada 2018-2019. El auto responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación para el Cuidado y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), presentado en junio de 2017. Suspende la resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El alto tribunal apunta que el lobo no puede ser considerada una especie “cinegética” porque para ello es necesario, a su juicio, que sus niveles poblacionales, distribución geográfica o índice de reproductividad, pueda ser objeto de caza. “Tal exigencia o garantía no consta cumplida”, indica. Además, argumenta que el cánido puede ser objeto de gestión al norte del Duero, pero añadió que ello no implica que la única fórmula sea la caza, ni que “la caza pueda realizarse”.

Explica en su fallo que el decreto (2015) por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre; el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León y la Orden Anual de Caza (2016) han sido anuladas por sentencias que pese a no ser firmes indican que la ejecución de la resolución recurrida pudiera ocasionar “prejuicios de imposible o difícil reparación”.

También apunta que las alegaciones de la Junta son “genéricas” y no van acompañadas de ninguna justificación, y añade que no consta que el plan suspendido permita garantizar la conservación de hábitats, tan solo “permitir la caza” y “de una sola especie de interés comunitario”. Además, apunta que no existe una situación problemática con la ganadería que demande este aprovechamiento. “La suspensión solo afecta en la práctica a la temporada 2018/2019, pero supone un precedente porque por primera vez la medida tendrá efecto real en la población de lobos, evitando la muerte de individuos”, destacó Ascel, que solicitó la dimisión del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones como responsable político de tantos “desmanes”, o bien su cese.

Informa laopiniondezamora.es


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