Las contradicciones de Podemos sobre el maltrato animal

12 febrero, 2018 • Noticias de caza

Podemos quiere que el Código Penal establezca como delito el maltrato animal a las especies salvajes, y acabar con la caza y la pesca, mientras que el Ayuntamiento de Madrid sacrificará a miles de peces en el lago de la Casa de Campo.

La muerte masiva de peces podría evitarse si se retrasase la medida unos meses, pero desde el consistorio madrileño tienen prisa en consumarlo amparándose en la Ley a sabiendas del posible cambio de la misma sobre el maltrato animal.

España tiene 1.840 municipios rurales en riesgo de desaparición. El proceso parece irreversible en más de 1.000 de estos pueblos, según un Estudio presentado en el mes de septiembre por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una de las causas de este éxodo rural reside en la falta de oportunidades laborales. En este punto es donde la caza y la pesca pueden jugar una baza importante para evitar buena parte de este despoblamiento: gestión de cotos, guías, alojamientos rurales, restaurantes, tiendas… Las posibilidades son muchas. Si se lo permiten, claro.

Desde hace muchos años los ecologistas han luchado contra la práctica de estas dos actividades sin tener en cuenta consideraciones económicas y sociales tan importantes como las señaladas. Lo han hecho con todas sus armas posibles y apoyándose en medios de comunicación y partidos políticos afines. Una de sus últimas iniciativas fue llevar al Tribunal Supremo la caza y pesca de algunas especies no originarias de la Península Ibérica. Algunas de estas fueron introducidas por la propia Administración, como hizo el extinto Icona con el lucio o el black-bass. Otras llevan más de 20 siglos en aguas ibéricas, como la carpa, traída por los romanos de Asia.

Pablo Iglesias quiere acabar con la caza y la pesca

Con todo esto, y tras obtener una sentencia favorable, los cazadores y esencialmente los pescadores han vivido un año 2017 dramático. Se han cerrado todos los cotos intensivos (públicos y privados), donde se repoblaba con trucha arcoíris -que tiene su origen en Norteamérica y es la misma que puede comprar usted en un supermercado-, no se han celebrado decenas de torneos por la obligación de “sacrificar” a todo pez que se pescaba y las pérdidas económicas en muchas zonas han sido catastróficas.

Este año podría ser mejor. A pesar de un “No” inicial de PSOE y Podemos para modificar la Legislación, en una segunda iniciativa, ya con el voto positivo de PP, PSOE y Ciudadanos, el Congreso de los Diputados aprobó a finales del 2017 una iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura de Isabel García Tejerina que busca compaginar la lucha contra las especies invasoras con esta realidad socioeconómica que les hemos expuesto. En este cambio legislativo, pendiente aún de su desarrollo normativo final y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se deja a potestad de las Comunidades Autónomas que se puedan pescar algunas especies no autóctonas, pero sólo en aquellas aguas donde ya habitaban antes de la sentencia. También se permite que los cotos de pesca vuelvan a utilizar trucha arcoíris estéril, que no pueda reproducirse, y siempre que no sea viable la recuperación de trucha común.

Este triunfo mínimo parece no haber sentado bien a Pablo Iglesias y al líder ecologista radical de su formación, Juan López de Uralde, coportavoz de Equo. Estos han aprovechado un clima social a favor de la protección de los animales tras la difusión en medios y redes sociales de actos tan atroces como el ahogo de un Jabalí por parte de un agricultor en un canal de riego de Lérida para introducir una medida que en el fondo lo que busca es acabar la caza y la pesca: una proposición de Ley de Reforma del Código Penal para que el maltrato a animales salvajes sea contemplado como delito.

Las contradicciones de Juan Carlos Monedero

Cazadores y pescadores lo han visto muy claro. La aprobación de esta medida supondría que toda actividad de caza y pesca sea considerada un delito. De hecho, incluso la modalidad que cada día más practican los pescadores, como es la captura y suelta o pesca sin muerte, puede considerarse un delito si se estima que en el proceso de desanzuelar y devolver al pez al agua se ha ejercido algún tipo de maltrato.

Tras las críticas desde el sector de la caza y pesca la iniciativa de Podemos ha tenido un defensor inesperado, Juan Carlos Monedero. El otrora ideólogo de la formación morada  en su muro de Facebook en el año 2014 consideró a los cazadores como asesinos en potencia con afirmaciones como: “No estaría de más que los que defienden la caza explicaran qué se siente cuando se descerraja un tiro a un animal que tiene nuestros mismos ojos, que responde a los mismos mandatos, que somos nosotros mismos. Igual nos dábamos cuenta de que en determinadas circunstancias podían hacer lo mismo con nosotros”, ha intentado defender que la iniciativa del partido morado puede ser compatible con la pesca: “Yo creo que las nuevas generaciones a ese respeto le han dado una vuelta más, cada vez cuesta más cazar y pescar, pero tenemos que asumir que es una tradición, que tiene que ver también con un país en el que consumimos carne. Hay detrás de la caza y de la pesca el hecho de que tú te alimentas con eso que cazas y pescas”, y hace una referencia a la caza se practica en su mayoría en nuestro país al afirmar: “No es lo mismo cazar una liebre, cazar un jabalí, que pegarle un tiro a un oso o a un elefante”.

Peces buenos y peces malos

Esta distinción entre unos supuestos cazadores buenos y otros malos no es la única del partido de Pablo Iglesias. Un ejemplo claro lo tenemos en el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena y su proyecto de remodelación del lago de Casa de Campo, una iniciativa que conllevará el secado del estanque y el sacrificio de los 14.000 peces, carpas de más de 3 kilos, que habitan actualmente en el mismo.

Este asesinato masivo de peces podría evitarse si se retrasase la medida unos meses, hasta que el cambio legislativo aprobado en el Congreso se rubrique en el BOE, pero desde el consistorio madrileño tienen prisa en consumarlo amparándose en la Ley a sabiendas del cambio de la misma. ¿No es esto maltrato animal? Parece que sólo lo es cuando Podemos desea o así intenta imponerlo.

Informa extraconfidencial.com


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