La otra polémica con el lobo en España

4 agosto, 2016 • Información de interés

El lobo ha protagonizado más de una polémica este mismo año. Si esta semana el revuelo surgía por la negativa del Registro de Fuenlabrada (Madrid) de permitir a unos padres poner a su hijo ‘Lobo’ como nombre propio, a comienzos de año, durante la pasada legislatura, el enfrentamiento lo protagonizaban ganaderos y ecologistas a vueltas con la necesidad de incrementar o rebajar la protección de esta especie en España.

Lobo Juan Jose Gonzalez Vega

A principios del siglo XX, el lobo estaba presente en la mayor parte de la Península Ibérica, pero actualmente sólo habita en el cuadrante noroccidental, concretamente en Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Rioja y País Vasco. En menor medida se encuentra también en Andalucía y Castilla-La Mancha, habiendo llegado recientemente a Madrid.

Sin embargo, el lobo se extinguió hace poco tiempo en Extremadura (aunque es posible que pudieran llegar nuevos lobos desde Castilla y León), y en Andalucía las manadas existentes en Sierra Morena a principios del nuevo siglo parecen haber desaparecido hoy, quedando en el mejor de los casos individuos aislados.

279 manadas, 179 en Castilla y León

Según el último censo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), que data de 2014, en España hay 279 manadas de lobo, de las que 179 se distribuyen por la comunidad de Castilla y León, al sur y al norte del río Duero. La peculiaridad es que al sur del río, el lobo ibérico es una especie protegida por directiva europea Hábitat, mientras que al norte sigue siendo cazable.

Según este censo, desde 2012 las manadas han crecido un 18 por ciento, con una presencia de lobos en 91.620 kilómetros cuadrados, el 18,32 por ciento de la superficie del país.

Precisamente, en 2012, el entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, pidió a la UE que levantara la protección de la especie al sur del Duero, pero Bruselas le pidió que elaborara un censo científico de la especie. En 2016, la ministra en funciones Isabel García Tejerina aseguró en Zamora que cuando se revise la normativa comunitaria sobre el lobo se contemplará la posibilidad de solicitar a la Comisión Europea que se haga «el mismo tratamiento para el lobo al norte y al sur del río Duero».

Propuesta de Podemos-EQUO

Tras estas afirmaciones, en el mes de abril, representantes de organizaciones ecologistas exigieron en el Congreso de los Diputados preservar al lobo ibérico incrementando su protección. Lo hacían junto a la formación Podemos-Equo, que registraba en el Congreso una iniciativa en este sentido.

Entre los que apoyaban la protección, se encontraba la asociación Lobo Marley, que cifraba en un 0,7% de ataques de lobos a cabezas de ganado. También recordaba que en Portugal la especie está protegida en todo el territorio y los ganaderos reciben, por ello, ayudas de Bruselas. Desde WWF, denunciaban que en España se matan una media de 800 lobos al año y, junto con ello, advertían de que las comunidades autónomas no cumplen con los planes de recuperación de la especie.

Según los defensores de su protección total, el lobo es una especie «clave en los ecosistemas», cuya presencia y actividad «regulan la competencia y predación, entre otras especies, de la comunidad y, por tanto, la composición y estructura de la misma».

‘Especie de interés especial’

Ecologistas y Podemos-Equo solicitaban así que se declarese al lobo ibérico ‘especie de interés especial’ al norte del Duero, para que no pudiera ser cazada, y que todas las poblaciones situadas al sur del río se incluyeran en el ‘Catálogo Español de Especies Amenazadas’ con la categoría de ‘En Peligro de Extinción’, lo que obligaría a las comunidades a desarrollar los correspondientes planes de recuperación de la especie. La iniciativa parlamentaria decayó al disolverse las Cortes.

La respuesta de ganaderos, agricultores y cazadores no se hizo esperar asegurando que «es mentira» que la especie esté en riesgo. De hecho, advirtieron de que su sobreprotección supondría un riesgo en sí mismo para los lobos.

«Es mentira que el lobo esté en peligro de extinción. Es una mentira tan grande como el Congreso de los Diputados», apostillaba en declaraciones a Europa Press el responsable de fauna de COAG de Zamora, José Manuel Soto.

Además, subrayaba que el lobo no tiene un problema de expansión y que, de hecho, desde Castilla y León «se están exportando (ejemplares) a distintos territorios». A su juicio, nadie quiere hacerse responsable de los daños que provocan a la ganadería.

Ganaderos con pólizas por el lobo

Según explicaba, al norte del Duero, los ganaderos están obligados a contratar pólizas de seguros contra los daños que provocan los lobos «cuando son ellos los que sufren las consecuencias y quienes alimentan a la especie con su ganado».

Soto también explicaba que de los cupos anuales de 130 a 140 lobos que se pueden cazar al norte del Duero, se abate «a menos del 50 por ciento» de éstos, algo que considera una cifra «ridícula». «Desde un sillón en Madrid, esto no se ve», añadía.

En la misma línea, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), pedían que tanto el Congreso de los Diputados como la sociedad les escuchase porque quieren seguir siendo ganaderos y, cuando sufren un ataque, toda su actividad se resiente, puesto que «más allá de las pérdidas económicas visibles y no visibles, también hay dudas sobre el futuro de su actividad».

Consecuencias de los ataques

«No queremos exterminar al lobo, sólo queremos que él no nos extermine a nosotros y para eso debe haber un censo controlado», recalcó. También señalaban que un ataque de lobo no se salda con los cadáveres que genere, sin también con los problemas de estrés, abortos y problemas para la cabaña, que suelen ser enormes.

Por eso, exigían que las compensaciones económicas a los ganaderos se realicen de forma rápida, pero también que se les asegure que no volverá a ocurrir en el futuro. «Si no, se rendirá (el sector ganadero) y dejará la actividad», ha advertido.

Por su parte, la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) insistía en que, de aprobarse la propuesta de los ecologistas, se iba a producir una sobreprotección, lo que podría ser el principal riesgo para una especie «señera» en España y que necesita del reconocimiento y el respeto social para encontrar su espacio.

Informa: lavanguardia.com


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