Esterilizadores de animales

9 enero, 2019 • Opinión

[…] la exaltación de algunos grupos animalistas no es más que el síntoma de una patología social y jurídica generalizada en esta sociedad crecientemente iliberal: una mera denuncia es suficiente para que cientos o miles de personas salgan a manifestarse proclamando que creen en su verdad, o para que quien ose negarla […] sea inmediatamente cubierto de oprobio.

A una, hace muchos años, la saqué de la calle, pero nunca he acogido (“adoptado” escriben, dulzones, los más) a ninguna perra de perrera. Y es que no me agradan los animales esterilizados por obligación, capricho o moda cultural. Hoy predomina la idea de que el mejor perro es el que está capado y no te dan uno entero aunque ofrezcas garantías razonables de que no vas a montar una granja de cría o a dejarlo suelto. Pero no está bien: los perros pierden carácter y engordan (los ves, atados y apáticos, paseados por las calles de Barcelona, cuando se cruzan con mi perro, un intacto teckel de pelo duro, y al instante entiendes qué les hicieron). La mayor parte de los defensores de animales sostienen que porque estos son seres sentientes hay que protegerlos de la barbarie humana. Sí, claro, pero entonces ¿por qué urgen la esterilización masiva de los animales domésticos?

Los partidarios de la esterilización masiva y obligatoria dicen que los humanos no podemos extrapolar nuestra sensibilidad sexual a otras especies, al menos, fuera de los homínidos y algunos cetáceos. O que mejora la salud de los afectados, alarga su vida y reduce las pulsiones a portarse mal causadas por la testosterona en los machos y elimina el (molesto, suponen) celo de las hembras. Inquietante, lo siento: ha de poder ser debatido. Esta buena gente no posee la razón.

Recientemente, el artículo 11.2 de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha dado un paso más (¿hacia dónde?) cuando ha establecido que “los perros, gatos y hurones que sean objeto de comercialización o cesión deberán ser esterilizados previamente”. Temo, acaso con algún fundamento, que esta disposición no haya sido, a su vez, esterilizada, y que se reproduzca en Barcelona, si no es que lo hace en toda Cataluña, aunque quiero creer que el sentido común subsistirá a ratos en el celo electoral que se avecina.

Lo más grave de todo esto es el dogma en acción, la apoteosis del prejuicio en algunos defensores de animales que se arrogan el doble derecho de redactar y aplicar ellos solos el catálogo de las reglas de la corrección animal. Bastaría con su afirmación de que alguien habría violado un precepto del código para que su palabra fuera a un tiempo denuncia, acusación, prueba, juicio y condena. En esto, la exaltación de algunos grupos animalistas no es más que el síntoma de una patología social y jurídica generalizada en esta sociedad crecientemente iliberal: una mera denuncia es suficiente para que cientos o miles de personas salgan a manifestarse proclamando que creen en su verdad, o para que quien ose negarla –o tan siquiera pida la suspensión del juicio hasta que los hechos denunciados se prueben– sea inmediatamente cubierto de oprobio.

Pero no tienen razón. Y no la tienen, primero, porque la denuncia de una violación de tal o cual código jamás debería equivaler al juicio imparcial al que todos tenemos derecho. Y, segundo, porque el código mismo puede estar plagado de preceptos discutibles, opinables, o simplemente estúpidos, es decir, y como muestra el ejemplo polémico de la castración forzosa de perros y gatos, la posesión de la verdad no es casi nunca la consecuencia inevitable de la fe en la bondad de la norma que se dice infringida. Si usted cree que no puede tener una perra pastora si antes no la ha sometido a una ovariectomía, piénselo dos veces antes de adquirirla. No será una reflexión estéril.

Pedro Salvador Coderch (catedrático de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra)

Publicado en elpais.com


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