El Gobierno se lava las manos ante la petición animalista de prohibir la caza
El Ejecutivo ha respondido a la pregunta parlamentaria de los grupos animalistas afirmando que no tiene competencias en las materia de caza planteadas.
Redacción | El Gobierno de España ha comunicado que no puede prohibir la caza porque «no es competente» en esta materia. Así lo ha explicado el Ejecutivo por vía parlamentaria ante una petición de los grupos Unidos Podemos, En Marea y En Comú Podem sobre el maltrato a los animales silvestres, a raíz del vídeo de los perros y el ciervo de la montería en Herreruela, y exigiendo una mayor regulación y seguridad de la práctica cinegética. La pregunta parlamentaria fue una iniciativa de la Fundación Franz Weber, acompañada por 73.000 firmas.
El Gobierno ha respondido a la petición ecologista que las rehalas de perros están reguladas por la reglamentación de caza y la de sanidad animal de cada comunidad autónoma. Por este motivo, y argumentando que no tienen competencia en la materia, el Ejecutivo afirma que no puede prohibirlas, tal como solicita la petición parlamentaria de ‘los verdes’. Esta instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar medidas tras la difusión del polémico vídeo, preguntando si contempla la prohibición del uso de perros en batidas.
Sobre la cuestión de la seguridad en las acciones de caza, la respuesta gubernamental sostiene que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los diferentes cuerpos de Agentes Forestales y Medioambientales en España son los encargados de velar por el «adecuado cumplimiento» de las condiciones legales y sobre seguridad en las cacerías.
Caza del zorro
Otra de las cuestiones planteada tiene que ver con los campeonatos de caza, haciendo referencia a la Copa de España de Caza del Zorro que se celebra anualmente en Galicia y que es objeto de boicot continuo por parte de radicales animalistas.
El Gobierno socialista ha respondido en este sentido que las autorizaciones de los campeonatos de caza son competencia autonómica y que el maltrato animal está tipificado en el Código Penal. De esta forma se desvincula de cualquier responsabilidad de legislar al respecto.