Asaja exigirá a la Junta de Extremadura que autorice la quema controlada de rastrojos para evitar el uso de agroquímicos
La organización agraria protestará en la próxima Feria Internacional Ganadera de Zafra para que la Junta de Extremadura autorice la quema controlada de rastrojos para hacer frente a las plagas.
La organización profesional agraria APAG Extremadura Asaja protestará el próximo 28 de septiembre en Zafra, en coincidencia con la inauguración de la Feria Internacional Ganadera (FIG), para que se autorice la quema de rastrojos y mejorar así la situación del cereal en la región.
En rueda de prensa, el presidente de la organización, Juan Metidieri, ha reclamado que Sanidad Vegetal emita una resolución sobre plagas y enfermedades que posibilite la quema controlada de rastrojos a partir del próximo 15 de octubre [la Junta autorizó en 2016 la quema controlada tras declarar la existencia de dos plagas].
Metidieri ha asegurado que el éxito de este cultivo pasa por “eliminar la cantidad de agroquímicos que se aplican a las parcelas”, porque ello “conllevaría una mayor rentabilidad en la producción de cereales”.
En este sentido, ha afirmado que es necesario hacer una campaña de quema controlada de rastrojos de tres o cuatro años puesto que, “de no ser así, lo que se avance un año se perderá el siguiente”.
“Es evidente que se contamina mucho más con los agroquímicos, como insecticidas o fungicidas, que con la quema controlada”, ha apuntado.
Entre los problemas que afectan a este cultivo, ha destacado el gusano de alambre, el mosquito del trigo o las malas hierbas, que “están influyendo muchísimo a la hora de recoger la cosecha”.
Según el presidente de la organización agraria, el coste añadido que deben asumir los agricultores extremeños por la utilización de fungicidas e insecticidas cada año, se sitúa en la región en torno a 18 millones de euros.
Metidieri ha criticado “la pasividad demostrada por la Consejería de Medio Ambiente en el año actual”, porque los agricultores del cereal extremeños “están cansados de obtener sólo pérdidas y dificultades para afrontar los problemas fitosanitarios”.
En la pasada campaña se consiguieron mejoras “considerables” pero “sabiendo que todavía hay parcelas afectadas, la Administración ha optado por mirar para otro lado y no aplicar políticas de sentido común”.
Informa agroinformacon.com