Absueltos los miembros de Lobo Marley debido a las dudas sobre las pruebas incriminatorias presentadas
Los acusados negaron su participación en los hechos y han afirmado que el vídeo colgado en Youtube corresponde a «un montaje» de derribo de casetas ajenas a las del procedimiento.
El tribunal ha hecho referencia al principio in dubio pro reo, que mantiene que se favorecerá al acusado en caso de duda, como ha sido en este caso, por insuficiencia probatoria.
El Juzgado de lo Penal de Zamora ha decidido absolver a cinco integrantes de Lobo Marley denunciados por un cazador y el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León del derribo de tres casetas instaladas para cazar lobo y también, según los denunciantes, para el avistamiento de fauna. En la imputación de los hechos estaba implicado el presidente del colectivo, Luis Miguel Domínguez.
La magistrada considera que las pruebas practicadas «no son concluyentes para determinar que los acusados fueron autores de los hechos imputados, y ante la inexistencia de prueba de cargo suficiente debe prevalecer el principio «in dubio pro reo».
El tribunal hace referencia «al principio in dubio pro reo, que envuelve un mandato: el de no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobe la certeza». Y en el presente caso se expone que «el tribunal tiene la obligación de no declarar probado un hecho del que dependa un juicio de culpabilidad sino ha superado las dudas que tuviese sobre él».
Los acusados negaron su participación en los hechos e indicaron que el vídeo colgado en YouTube, y que corrió como la pólvora, fue realizado por personas de la asociación en base «a un montaje» de casetas derribadas ajenas «a las que son objeto del procedimiento».
La magistrada recoge en sus fundamentos de derecho que «los agentes de la Guardia Civil que investigaron las imágenes del vídeo manifestaron que no comprobaron su autenticidad, ni se desplazaron al lugar de los hechos a fin de comprobar in situ si se correspondía con las imágenes». En consecuencia, «no existe constancia fehaciente de la fecha de producción de los daños teniendo en cuenta la ubicación de las casetas en parajes de difícil acceso y control por parte de sus titulares». Tampoco hay una identificación clara en lo tocante a la caseta de la Junta de Castilla y León. Y lo mismo sucede con las casetas cuyo desmantelamiento denunció el cazador Álvaro Valle, dándose una no correspondencia de los parajes y «contradicciones».
Fotograma del vídeo colgado en YouTube en el que se ve a los acusado destrozando casetas.
El presidente de Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez, recalca al respeto de la sentencia que «quien ha ganado es el lobo ibérico porque ha conseguido, a través de la Justicia, el respeto que necesita de la sociedad». Expresó Domínguez que «Lobo Marley seguirá trabajando a favor del lobo» y, según afirma, «creo que los cazadores que consideran que la caza es un arte venatorio mojarán la oreja a quienes hacen trampas».
Deja constancia el presidente de Lobo Marley de que «hay quien está interesado en imputar a Lobo Marley situaciones en la que no está presente», y recalcó que «el colectivo ha trabajado en la neutralización de las casetas de la muerte y seguirá defendiendo la preservación del lobo con firmeza y contundencia». «En el fondo se ve con la sentencia dónde está la ilegalidad, y la tristeza es que en estos momentos hay en Zamora decenas de casetas de la muerte preparadas para matar lobos». Luis Miguel Domínguez agradeció el respaldo dado a Lobo Marley por la sociedad.
La denuncia fue interpuesta por el que fuera, en diciembre de 2014, jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Junta, en Zamora, José Casto López, por el destrozo de una caseta en Mahide, y por el cazador Álvaro del Valle, que denunció la destrucción de dos casetas en las Figueruelas.
Contra la citada sentencia puede interponerse un recurso de apelación. La Fiscalía solicitaba 36.000 euros de multa y 4.036 de indemnización y la acusación del cazador dos años y seis meses de prisión para los acusados, 6.480 euros y una indemnización de 5.323,12 por la destrucción de las casetas, más 12.225 euros por la imposibilidad de poder llevar a cabo la caza.
Informa J. A. García para laopiniondezamora.es