Piden 48 años de prisión al acusado de matar a dos agentes rurales
Además de la pena de prisión, el fiscal pide 1 año por tenencia ilícita de armas y que el acusado indemnice con más de un millón de euros a las familias de las víctimas.
Redacción | Ismael Rodríguez se enfrenta a una pena de prisión de casi medio siglo. El 21 de enero de 2017 confesó haber matado a dos agentes rurales en un coto de la localidad leridana de Aspe cuando estos se acercaron para pedirle la documentación. Disparó tres tiros a cinco metros. Francesc Xavier Ribes y David Iglesias Díaz perdieron la vida tras lo que la abogada de Rodríguez atribuyó a «un acto mecánico». Los familiares de los agentes asesinados se presentaron al juicio como acusación particular pidiendo 51 años y medio de cárcel.
Ahora la Fiscalía pide 48 años y 4 meses de cárcel para el que confesó haber matado a los agentes rurales de 43 y 39 años. El fiscal pide 23 años y 8 meses de prisión por el asesinato de cada uno de los agentes, 1 año por tenencia ilícita de armas y además solicita que el acusado indemnice con más de un millón de euros a las familias de las víctimas. Como el arma con la que disparó a los agentes no era propiedad de Rodríguez, la acusación pide para el dueño de la escopeta un año de cárcel como cooperador necesario.
¿Cómo se lo explico?
El acusado, Ismael Rodríguez, está en prisión preventiva desde aquel 21 de enero de 2017. Tras disparar sobre los agentes rurales, comunicó el hecho a algunos de sus compañeros, que le recomendaron avisar a los Mozos de Escuadra. Unos 45 minutos después de cometer el doble asesinato, Rodríguez llamó al 112 manteniendo una conversación de la que se desprenden las siguientes palabras:
Ismael R.: Uff, ¿cómo se lo explico?
112: ¿Que ha tenido algún accidente? ¿Están heridos?
Ismael R.: Sí, bueno, está muertos, los dos.
112: De acuerdo. ¿Que ha sido usted?
Ismael R.: Sí, he sido yo.
«No tiene excusa, no lo defiendo», confesó en su día el hermano de detenido en una clara muestra de que su propia familia no dio crédito a lo sucedido. Las familias de los agentes, por su parte, perdieron a dos padres de familia.
La Fiscalía, que califica los hechos como asesinato con alevosía con el atenuante de confesión, sostiene que el acusado era un «cazador experimentado» que sabía que los agentes rurales realizaban su trabajo sin estar armados.