La nueva ley de caza de Castilla-La Mancha podría tramitarse en marzo
La nueva ley de caza de Castilla-La Mancha, incluyendo la modificación que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y diversos colectivos están abordando, podría llegar a las Cortes regionales para su tramitación en el mes de marzo, según ha señalado el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo.
Martínez Arroyo ha precisado este plazo, en un receso del Consejo Asesor de Medio Ambiente, foro en el que se ha tratado, entre otros temas, el borrador de la modificación de la ley de caza actual que está vigente, y que en el mes de diciembre tiene que someterse a un periodo de información pública.
Momento de la reunión del Consejo Asesor
Tras esta reunión con diversos colectivos afectados por la actividad cinegética, el consejero de Agricultura ha expresado que no ha habido «consenso en todo», en relación al borrador de este proyecto de ley, pero sí ha habido «un alto grado de consenso que hay que sacarlo adelante». «Es importante que nos fijemos plazos y soy optimista en cuanto a su cumplimiento porque lo tenemos muy avanzado y hay un alto grado de consenso», ha expresado Martínez Arroyo.
Zonas ZEPA y cambio climático
El segundo punto a tratar en este encuentro ha sido los planes de gestión para Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA), en los que, según el consejero, «no hay consenso total entre agricultores y ecologistas», aunque ha añadido que antes de que finalice el año el Consejo de Gobierno abordará estos planes de gestión y posteriormente se concretarán cuáles son esas zonas agrarias. En este punto, ha precisado que se incluirá una línea de ayudas en el Plan de Desarrollo Rural que compense a agricultores de cultivos herbáceos que estén afectados por un plan de gestión de una ZEPA que «les obligue a cumplir unos serie de objetivos medioambientales más exigentes» que la normativa de la Política Agraria Común (PAC).
Además, se ha abordado en el Consejo Asesor el cambio climático, con la intención del Gobierno regional de «poner encima de la mesa un estudio específico» para hallar la manera en que «la superficie forestal y cultivos leñosos contribuyan al efecto sumidero y a la absorción de dióxido de carbono», hecho que trasladará al director de Medio Ambiente de la Comisión Europea el próximo lunes.
Ecologistas y Asaja
Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, Migue Ángel Hernández, presente en este Consejo Asesor, ha explicado que tanto la modificación de la ley de caza y los planes de gestión de zonas ZEPA se encuentran «a mitad e camino» pues aún quedan elementos «por mejorar».
Ha destacado, en declaraciones a los medios, el «esfuerzo de empatizar» en este proceso así como que «todos los colectivos quieren llegar al mayor grado de acuerdo posible». Concretamente, ha pedido a los agricultores que no vean que las ZEPA no son un problema al tiempo que se ha mostrado convencido e que existen mecanismo para que estos mantengan su actividad económica.
También ha demandado un «mayor esfuerzo económico» para dedicar a estas dos cuestiones, aunque ha reconocido que a la puerta a la que hay que llamar «no es solo a la de Fuensalida, sino también a la de Bruselas».
Finalmente, el portavoz de Ecologistas en Acción ha considerado que aunque «son documentos complejos con elementos normativos y técnicos que hay que perfilar y no se pueden cerrar en una sola reunión», ha mostrado su «total colaboración de seguir limando diferencias que pueda haber». De su lado, el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha , José María Fresneda, ha señalado, respecto el plan de gestión de las ZEPA, que la clave está en «no limitar más la agricultura en una región donde los bajos rendimientos de los cultivos y la ausencia de agua ya suponen importantes restricciones».
Esta última propuesta, a su parecer, «tampoco contempla un texto que garantice la seguridad jurídica en el sector agrícola para acabar con la incertidumbre» al tiempo que ha criticado «la falta de datos y estudios que muestren el panorama real del campo, las demandas de los agricultores y las perspectivas de crecimiento ZEPA a ZEPA» en vez de, ha señalado, «aplicar unos porcentajes que limitan el uso de las tierras y que prohíben a los pueblos aumentar en un determinado número de hectáreas los cultivos leñosos, condenando a las explotaciones de los agricultores con cultivos poco o nada renta».
No obstante sabiendo que el Consejo Asesor no es vinculante con la decisión final que adopte el Gobierno regional, la organización agraria se ha mostrado abierta a seguir negociando hasta el último momento y ha pedido «que se aplique el sentido común y no se quieran imponer limitaciones que no exigen ni las propias leyes europeas y nacionales», según ha informado Asaja en un comunicado.
Informa: 20minutos.es