Denuncias por la suelta ilegal de perdices en la Comunidad Valenciana
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana ha iniciado un plan de control de los cotos de caza que arriendan los terrenos de propiedad pública de Ayuntamientos u otras Administraciones. En el caso de la provincia de Alicante, se han iniciado los primeros expedientes sancionadores.
Se trata de un coto de caza privado de la comarca de l’Alacantí, donde los agentes de medio ambiente han descubierto la suelta de perdices de granja, una práctica que está totalmente prohibida por la Ley de Caza de 2004 de la Generalitat Valenciana, salvo en aquellas ocasiones en las que la dirección general del Medio Natural las autoriza de modo puntual y siempre bajo estrictos controles de sanidad animal.
Allí, los técnicos que velan por las buenas prácticas medioambientales y por la prevención de riesgos de incendios forestales, entre otras atribuciones, descubrieron “suficientes indicios de que se estaba registrando una supuesta suelta de perdices”. Tras varias inspecciones, los agentes hallaron cajas de transporte de esta gallinácea, el animal más cotizado en el deporte de la caza menor con escopeta.
Los técnicos comprobaron que se trataba de perdices provenientes de una granja de Cuenca especializada para la cría de perdices. De la misma forma, en las cajas de transporte comprobaron la fecha del traslado de los animales. Según la declaración del titular del coto, se admitió en todo momento que se habían soltado las perdices (un número considerable pero sin concretar) con el fin de repoblar la finca “porque eran piezas de buena calidad”. Sin embargo, no aportó los obligados permisos de suelta y transporte, requisito necesario en estos casos.
Los agentes contactaron con los veterinarios de la zona de Cuenca a la que pertenece la granja y confirmaron que viajaron desde la provincia manchega hasta Alicante sin la preceptiva guía de transporte. Tampoco contaban con los certificados sanitarios expedidos por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ni los necesarios de la dirección general del Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana.
Los responsables del coto ofrecieron su colaboración para capturar algunos ejemplares y tomar muestras sanguíneas con el fin de detectar posibles enfermedades o la autenticidad de la raza, lo que puede perjudicar a la auténtica perdiz roja autóctona.
La Conselleria, en colaboración con los veterinarios de Castilla La Mancha, ya tramita las correspondientes denuncias a los titulares del coto de caza. Según explica la Conselleria, se está a la espera de los resultados e la analítica para determinar el alcance de estas prácticas ilegales en cotos de la provincia de Alicante.
Fuente: laverdad.es