La Consejería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana notificó en el día de ayer siete sanciones por incumplimiento de la Ley de Caza.

La larga lista de imputados por el parany aumentó en el día de ayer con otro sancionado más, en este caso, se trató de un vecino de Vila-real que fue amonestado con 301 euros por utilizar trampas que no están autorizadas para la práctica de la caza. Con el mismo dinero fue sancionado un vecino de Benicarló por “emplear lazos, anzuelos y trampas no permitidas”, y otro compatriota del mismo pueblo también fue imputado por  “tener piezas de caza mayor en cautividad fuera de cotos cercados, granjas o centros” aunque se desconoce con qué cantidad.

El pasado 18 de abril se celebró la subasta de caza de Riaño en la que un precinto de macho montés alcanzó una cifra histórica, 30.050 euros. Tan solo cinco días después, un magnate ruso consiguió abatirlo alcanzando un precio final de 67.550 euros.

Al parecer, el rececho estaría previsto para el mes de mayo, pero debido al revuelo causado por el costo del precinto se temía que el ejemplar fuese objetivo de cazadores furtivos, por lo que se recibió una autorización de la Consejería de Medio Ambiente para poder abatirlo lo antes posible.

Según informa en el día de hoy un diario digital de levante, la Generalitat Valenciana intentó en el día de ayer que los agricultores desconvocaran la manifestación prevista para hoy frente a la Consejería de Medio Ambiente.

Entre las alegaciones de la Generalitat para que la huelga se desconvocase, se mencionó la ayuda a los agricultores a través de un instrumento llamado “Rodenator”. Dicho objeto cuenta con una lanza rígida conectada a dos depósitos de propano y oxígeno que se introduce en la madriguera, llenándola de estos gases y produciendo una chispa que la haga saltar por los aires.

En enero del pasado año, la Consejería de Medio Ambiente y la Federación de Caza de Castilla y León firmaron un acuerdo en el que se recogían diferentes actuaciones para el reconocimiento de la actividad cinegética en las escuelas,  que serían apoyadas con 303.000 euros por parte de la administración pública.

“Cazador por un día” es una actividad que recogía el documento. Dirigida para alumnos de entre 7 y 12 años, la actividad  pretende mostrar qué es la caza a través de un vídeo-documental para que los jóvenes, sin coacción alguna, la valoren y decidan si practicarla o no.

Los agentes de la Guardia Civil gaditana, han trabajado en colaboración con agentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para poner a disposición judicial a un guarda de caza que colocaba cebos envenenados en una finca de San José del Valle.

El pasado día 2 de febrero, agentes de las dos corporaciones inspeccionaron la finca con ayuda de perros adiestrados en la localización de cebos envenenados, encontrando diversos cadáveres animales: un zorro, un meloncillo, dos milanos reales y dos perros. Y cebos envenenados que hacían suponer que los animales hubiesen muerto a causa del veneno.

Con el objetivo de mejorar la calidad de las perdices que pueblan los cotos de caza, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha entregado 241 perdices rojas que sustituirán a otros ejemplares híbridos de cuatro granjas de Jaén y Córdoba.

Las perdices han sido criadas en la Estación de Referencia de la Perdiz Roja de Lugar Nuevo que la Junta tiene en Andújar, presentando todas las garantías

en cuanto a sanidad y características genéticas.

Agentes del Seprona han incautado recientemente ocho cabezas de ciervo macho abatidas en una montería de manera ilegal dentro del término municipal de Jimena de la Frontera.

Aunque la información fue difundida en el día de ayer por las autoridades, los hechos tuvieron lugar el domingo 29 de enero, cuando los agentes realizaron un control rutinario. La montería estaba autorizada exclusivamente para abatir ejemplares de hembras y crías de ciervo, sin embargo, los agentes encontraron ocho cabezas de ciervo macho.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se ha personado como acusación particular en el juicio de los dos hombres a los que se les atribuye la muerte a tiros de un lince ibérico. El suceso tuvo lugar el pasado mes de julio en la localidad sevillana de Aznalcázar. El organismo ya actúo en noviembre, cuando procedió al cierre cautelar del coto de caza “Cortijo de Quemas” dónde fue hallado muerto el felino.

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad considera como una infracción muy grave la muerte de un animal en peligro de extinción, por ello, cada uno de los cazadores se podría enfrentar a dos años de cárcel y una multa que oscila entre los 200.001 y los 2.000.000 €.

Fuente: vivahuelva.es

El documento no ha sufrido grandes cambios con respecto a la temporada pasada, de hecho, ha conservado las modificaciones importantes que se realizaron el año anterior sobre el reclamo de perdiz.